En la sesión de hoy, la Cámara aprobó la resolución 1234 que le pide a la Dirección de Personas Jurídicas que inste a la Justicia a intervenir la Cooperativa de Viviendas 127 hectáreas. La aprobación fue por mayoría y se alcanzó tras no prosperar un pedido de continuar su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales por dudas respecto a la facultad del pleno legislativo para requerir la actuación de otro poder del Estado.
Votaron a favor los bloques del PRO-NCN; UxP; Fuerza Libertaria; Arriba Neuquén; Neuquén Federal; Cumplir; JXC-UCR, mientras que desde Comunidad se solicitó que el despacho regrese a comisiones, moción que acompañó Avanzar, MPN y Juntos pero que finalmente no prosperó. Las bancas del PTS-FIT-U y FIT-U solicitaron la abstención previo a la votación.
En el debate, César Gass (JxC-UCR) defendió la constitucionalidad de la medida y explicó que la iniciativa se dirige al Poder Judicial a través de Personas Jurídicas, organismo que -facultado por ley a tal fin- puede fiscalizar cooperativas y asociaciones y, en ese marco, solicitar la respectiva intervención judicial. “Les estamos dando un mecanismo al poder Judicial para que pueda resolver el problema”, opinó el legislador al sostener que sin la intervención “nunca se va a saber cuál es el problema”. Gass aseguró que se trata de una “estafa colosal” que perjudicó a más de siete mil personas.
Por su parte, Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) coincidió en la atribución que tiene la Cámara para solicitar la intervención. Lo hizo al recordar las facultades conferidas por Constitución y al observar que la propia Justicia ya podría haber avanzado con una medida similar, en tanto procedió a inhabilitar fondos de la cooperativa. “Un indicio de estafa la Justicia ya tiene”, apuntó.
El legislador también se refirió a la falta de viviendas en la provincia y reconoció como una de las principales causas la estrechez del poder adquisitivo y la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios. Al respecto, dijo que los bancos locales presentan encajes muy bajos por la falta de confianza de la gente y que, mientras en otros países este indicador alcanza el 90%, los bancos en la Argentina sólo acaparan el 8% del circulante para poder prestar. Dijo que Neuquén destina cerca del 16% de su presupuesto a obras, entre las que también se encuentran rutas, escuelas, centros de salud, además de viviendas. “El poder de la provincia para resolver el problema habitacional es limitado”, concluyó.
Por su parte, Ernesto Novoa (Comunidad) señaló que el debate en el recinto “se tergiversó”, situación que consideró “imprudente” por lo que mocionó que se gire el despacho a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Lo hizo tras ratificar su acompañamiento a las víctimas de la estafa y comprometerse a tratarlo y pedir nuevos informes y “sin quitar responsabilidades ni ocultar el tema”.
En similar sentido se pronunció Francisco Lepore (Avanzar) al advertir que el poder Legislativo no puede determinar responsabilidades penales y recordar que ya se iniciaron numerosas causas tanto penales como civiles en la Justicia. Pidió mayor información por parte del Ministerio Público Fiscal previo a un pronunciamiento de la Cámara y, si bien expresó su acompañamiento a las familias damnificadas, consideró que la iniciativa “no traerá soluciones, las que vendrán por la vía judicial”.
A su turno, Brenda Buchiniz (Cumplir) objetó la intención de querer dilatar la aprobación de la resolución al considerar que bajo ningún punto de vista se intenta “escribir una sentencia”. En ese sentido, pidió al pleno poder brindar a los damnificados una respuesta que permita habilitar todas las instancias posibles para avanzar en la investigación.
Desde Unión por la Patria, Darío Peralta, Lorena Parrilli y Darío Martínez destacaron la importancia de dotar al Estado de recursos para planificar la demanda habitacional. Plantearon que el retiro del sector público en la materia habilita a que personas aparezcan y “quieran sacar provecho de la situación”, al tiempo que solicitaron el tratamiento de proyectos de su espacio orientados a revertir el déficit habitacional en la provincia.
Por su parte, tanto Andrés Blanco (PTS-FIT-U) como Julieta Ocampo (FIT-U) se abstuvieron de votar. Lo hicieron al argumentar que, a pesar de lo justo del reclamo, el precedente que sienta la intervención puede significar un perjuicio futuro para otras cooperativas.
Neuquén, 6 de agosto de 2025.