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El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de emergencia sanitaria



El gobernador Omar Gutiérrez presentó un proyecto de ley de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19). La iniciativa declara la emergencia por un plazo de 180 días y faculta al Poder Ejecutivo provincial a adoptar las medidas necesarias para ejercer el poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, como así también medidas económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia. En ese marco, solicita una autorización al Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito público por hasta 100 millones de dólares y propone una serie de medidas que contribuyan a la contención y mitigación del coronavirus.

En ese sentido, dispone que el Ejecutivo provincial podrá coordinar la reorganización y funcionamiento del subsector privado de salud y obra sociales, medicina prepaga y otros sectores privados no vinculados a la salud para que las camas, los recursos humanos y los elementos que puedan contribuir a la contención de la pandemia, estén a disposición para su utilización mientras dure la emergencia sanitaria.

Por otro lado, lo faculta a convocar a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, profesionales y trabajadores de la salud que no estén bajo la dependencia del sistema público-privado, organizaciones civiles y estudiantes avanzados. La convocatoria tendrá carácter de carga pública. En tanto, autoriza a la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, y a las sociedades con participación estatal “a adoptar medidas económicas y sociales que de manera razonable contribuyan eficazmente a la contención y mitigación del virus responsable del coronavirus COVID-19”

Además, podrá realizar la fiscalización de las normas contempladas en la emergencia sanitaria y aplicar sanciones económicas por incumplimiento. Asimismo, propone un plan de protección ciudadana tendiente a mitigar los efectos de esta situación que incluye contención física, psíquica y social de la población. 

En tanto, el Poder Ejecutivo queda autorizado a tomar las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos faenadores, elaboradores, procesadores, logísticos, comercializadores y de almacenaje de frutas, verduras, hortalizas, carnes, alimentos y todos los bienes necesarios e indispensables.   

Como parte de las facultades otorgadas, se plantea la posibilidad de que las fuerzas de seguridad puedan aprehender a una persona sin orden judicial, en caso que sea sorprendida infringiendo las normas de la emergencia. En tanto, se establece que las personas que tengan conocimiento de una infracción a esas normas podrán hacer la denuncia correspondiente en el Ministerio Público Fiscal o la policía. 

En otro orden, la iniciativa contempla la suspensión de desalojos y ejecuciones para las actividades que incluya la reglamentación, afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la emergencia. Asimismo, dispone la suspensión de las ejecuciones fiscales y de la ejecución de sentencias en el caso de juicios contra el Estado, como así también la eliminación del devengamiento de los intereses por mora del artículo 57º de la Ley de Obra Pública. 

Las medidas económicas incluyen la autorización al Ejecutivo provincial a disponer la emisión de instrumentos financieros “hasta la suma necesaria" para cancelar las obligaciones de pago del Tesoro provincial. Agrega que los plazos de vencimiento de los instrumentos que se emitan podrán superar el ejercicio financiero de su emisión. 

De igual modo, lo autoriza a desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales y de los recursos producidos de la explotación de las actividades establecidas en la ley 2751, de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar. También lo faculta a instrumentar las medidas necesarias para gestionar la obtención de financiamiento y administrar los pagos que deba efectuar la provincia, “a fin de garantizar el funcionamiento de las instituciones provinciales teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria”. 

El proyecto estipula que la provincia podrá adherir, en caso de ser necesario, a las normas que se dicten a nivel nacional, vinculadas a la emergencia. Además, faculta al Poder Ejecutivo a sustituir temporalmente los mecanismos de participación ciudadana que impliquen asistencia presencial, por otros que resulten concordantes con la situación de emergencia. 

En la exposición de motivos, Gutiérrez argumenta que a partir de la declaración del coronavirus como una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es preciso adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación, así como disponer de los recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentar tal pandemia”. 

El proyecto (13.205) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de marzo.  

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