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    Piden al Congreso que incorpore la figura del homicidio vial en Código Penal 23/10/2020
    El diputado Carlos Sánchez (UP) presentó un proyecto para solicitarle al Congreso de la Nación la aprobación del proyecto de ley que incorpora la figura del homicidio vial al Código Penal. La medida busca penar los casos en que los conductores le quiten la vida o lesionen a una persona durante pruebas de velocidad o de destreza con un vehículo motorizado. 

    La inactiva fue presentada en el parlamento nacional por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, por el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y por los padres de Yahiel Contreras, el niño de seis años de edad víctima fatal de una picada en la localidad de Gregorio Laferrere, en la provincia de Buenos Aires.

    Los fundamentos indican que en el año pierden la vida unas seis mil personas producto de la “inseguridad vial” en Argentina. La iniciativa impulsada en el Congreso Nacional bajo la denominación “ley Yahiel Contretras” apunta a implementar medidas punitivas contra los responsables. A tal fin, modifica el articulo 84 bis para establecer una pena de ocho a 25 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el conductor que, participando de una “picada” le quite la vida a una persona y su conducta manifieste desprecio por la vida y/o la integridad de las personas. A la vez, modifica el artículo 94 bis, a fin de aumentar las penas para las lesiones producidas en tales circunstancias. El diputado explica que, además, se prevé la graduación de las penas en función de la fuga del conductor y de su accionar para intentar socorrer a la víctima. En igual sentido, se considerará si la persona se encontraba bajo los efectos de estupefacientes o de alcohol, si excedió la velocidad permitida, si contaba con habilitación para conducir, o si violó las reglas de tránsito, entre otras circunstancias. 

    El proyecto de comunicación (13885) ingresó por Mesa de Entradas el 23 de octubre.


    Beneplácito por resolución que obliga a empresas a que publiquen un “botón de arrepentimiento” en sus sitios 23/10/2020
    El diputado Carlos Sánchez (Unión Popular) presentó un proyecto en apoyo a la resolución dictada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación que obliga a proveedores de bienes y servicios a publicar en sus páginas o aplicaciones web un link denominado “Botón de arrepentimiento” que permite a los consumidores revocar una compra o servicio contratado.

    En los fundamentos, el autor explica que estarán obligadas a tener el link de baja de servicio, las empresas proveedoras de servicios de telefonía fija y móvil, acceso a internet, radiodifusión por suscripción, medicina prepaga, suscripción a diarios o revistas en soporte papel o digital, a bases de datos, asistencia al viajero, emergencias médicas o traslados sanitarios de personas, suscripción a clubes o gimnasios, contrato de emisión de tarjetas de crédito por emisores no bancarios y suscripción a donaciones periódicas con débito automático a asociaciones civiles. Las empresas proveedoras deberán informar al consumidor el número de código de identificación de arrepentimiento, dentro de las 24 horas de realizada la revocación. 

    También señala que el link debe tener acceso fácil y directo desde la página de inicio del sitio web institucional y ocupar un lugar destacado, en cuanto a visibilidad y tamaño, no dejando lugar a dudas respecto del trámite seleccionado. Además, al momento de hacer uso del botón, el proveedor no podrá requerir al consumidor registración previa ni ningún otro trámite.

    El proyecto (13884) ingresó por Mesa de Entradas el 23 de octubre. 



    Buscan terminar con la tercerización laboral 23/10/2020
    La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un proyecto para solicitarle al Congreso de la Nación el tratamiento del proyecto que fija pautas contractuales orientadas a eliminar las tercerizaciones laborales. 

    El proyecto presentado en el parlamento nacional por el espacio político FIT en contra de la precarización laboral establece que las personas contratadas por el Estado pasarán a planta permanente, bajo el convenio y las condiciones salariales que correspondan al área. A la vez, los sujetos contratados –cualquiera sea el origen del contrato: obras, trabajos específicos o servicios dentro de la empresa u organismo contratante- podrán acceder a las convenciones colectivas de trabajo y a la representación sindical de la actividad en cuestión. 

    Además, la propuesta determina que, para los casos en que la empresa tercerizada tenga cláusulas laborales y/o salariales mayores a las del convenio principal, la persona contratada será beneficiada por las más favorables, sin que signifique renunciar su pertenencia a la representación sindical mayoritaria en dicha actividad. Para los casos en que las tareas realizadas por compañías tercerizadas no estuvieran incluidas en los convenios colectivos vigentes, se asimilará al trabajador a las categorías más cercanas. En ningún caso podrá haber reducción salarial o de conquistas y primará el criterio de “a igual trabajo, igual salario y convenio” en lo que signifique la elevación de ingresos y condiciones laborales para el plantel trabajador.

    Los fundamentos recuerdan que el 20 de octubre se cumplieron “10 años del asesinato de Mariano Ferreya por parte de la patota sindical”. La legisladora indica que la movilización puso en agenda uno de los grandes problemas de la precarización laboral en el país: la tercerización. Asegura que representa un fraude laboral que constituye “la punta del iceberg de toda una red empresarial satélite de la actividad principal con el objeto de bajar costos laborales. Se hizo pública una metodología destinada a reducir a la mínima expresión los salarios y destruir las organizaciones gremiales, dividiendo a los obreros entre tercerizados sin derechos sindicales y los de planta permanente con su convenio y representación sindical”. Además, indica que esta modalidad sea aplica en diversos y variados rubros de la industria y el mundo laboral, como la energía, el comercio, el agro, la actividad automotriz, la telefonía e incluso el propio Estado es sus distintos niveles y organismos. 

    El proyecto de comunicación (13882) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de octubre.



    Impulsan debatir ley que erradique el trabajo no registrado 23/10/2020
    La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un proyecto de comunicación para que el Congreso Nacional permita debatir y sancionar una normativa que le garantice a cada trabajador o trabajadora poder denunciar esta situación al Ministerio de Trabajo mediante una simple nota escrita si su situación laboral no se encuentra registrada o lo está pero de manera deficiente. 

    La iniciativa contempla que la metodología abarca tanto al ámbito público como al sector privado y destaca que desde el momento en que se realiza la denuncia, el trabajador o trabajadora no podrá ser apartada de su puesto laboral por un plazo de tres años.

    En sus fundamentos advierte que más del 40 % de los trabajadores atraviesa una situación laboral precaria que también los excluye de toda cobertura social, sin considerar a una gran masa personas subempleadas mediante planes sociales. 

    En ese sentido, recuerda que desde su espacio político llevan más de 10 años reclamando que la iniciativa se trate en el Congreso Nacional y muestra de ello es que hace una década era asesinado en la vía pública Mariano Ferreyra por una “patota de la burocracia  sindical” cuando se manifestaba a favor de la sanción de una ley que termine con el trabajo tercerizado. 

    Al respecto, añade a este desesperante escenario laboral, los despidos y suspensiones que ocasiona la extendida situación de aislamiento social que genera la pandemia de Covid-19.

    El proyecto (13883) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de octubre con la firma de la diputada Patricia Jure (FIT).


    Fin social para bicicletas secuestradas que no sean reclamadas 22/10/2020
    La Cámara de Diputados sancionó hoy la ley 3260 que atribuye un fin social a las bicicletas bajo custodia policial que no fueron reclamadas por sus dueños. La medida apunta a generar un fin de mayor utilidad a miles de bicicletas que pueden reutilizarse. 

    En ese sentido, la norma regula el destino final de estos rodados que, por motivo de hechos ilícitos y/o contravenciones hayan sido secuestradas por autoridades gubernamentales y que se encuentren resguardadas en establecimientos públicos o privados, por un período mayor a un año, sin que hayan sido reclamadas por sus titulares.

    Durante el tratamiento en general en la sesión de ayer, la diputada Lorena Abdala (MPN) dijo que la medida contribuye a fomentar en uso de la bicicleta como medio de transporte en el marco de la pandemia, que circunscribe el transporte público para uso del personal considerado esencial. Abdala enumeró los beneficios de este tipo de rodado en materia sanitaria y ambiental, y mencionó que sólo en el pasado mes de julio la policía publicó 131 bicicletas que no fueron reclamadas. “En estos tiempos es cuando más necesitamos ponderar este medio de transporte”, añadió Abdala.

    Durante su intervención, la legisladora remarcó que sólo se podrán reutilizar aquellas bicicletas que luego de transcurrido un año no hayan sido reclamadas por sus dueños, al tiempo que subrayó que serán otorgadas a organizaciones sociales o a estamentos gubernamentales con fines sociales o deportivos. 
     
    El Ministerio de Gobierno y Seguridad, -que será la autoridad de aplicación de la ley-  garantizará la difusión de las bicicletas mediante el Boletín oficial y páginas web, a fin de permitir a los dueños legítimos recuperar el rodado secuestrado. Luego de un año, tales bicicletas podrán ser otorgadas a los organismos autorizados, los que de ninguna manera podrán vender o alterar las características de las bicicletas. Los dueños de las bicicletas estarán facultados a obtener nuevamente el rodado aun transcurrido el año, si pueden acreditar la titularidad.

    Desde el FdT, el diputado Darío Peralta acompañó la iniciativa pero cuestionó que las bicicletas sean otorgadas a entidades y no a sujetos directamente. Aseguró que “las bicis tienen dueño” y por tal motivo pidió que las campañas de difusión de los rodados sean lo más amplias posibles para darle la posibilidad toda la ciudadanía de recuperar las bicicletas secuestradas que, en la mayoría de los casos, fueron robadas. 

    Otras sanciones

    Además, la Cámara aprobó la ley 3261 que declara Capital provincial de la Paleontología a la ciudad de Villa El Chocón.

    Al fundamentar durante la sesión de ayer, el diputado Andrés Peressini (Siempre) remarcó la trascendencia paleontológica de la localidad de Villa El Chocón así como también del Museo Ernesto Bachmann, que recibe cien mil visitas por año. 
     
    El legislador indicó que todos los restos fósiles hallados en la provincia se encuentran en el Museo y destacó su jerarquía de índole internacional. Valoró la “comprometida tarea” de los 30 trabajadores municipales que allí se desempeñan y de los investigadores locales y nacionales que desarrollan su ciencia en la Villa.

    “La ley es un reconocimiento a la identidad y a la pertenencia de todos los ciudadanos de la Villa”, dijo Peressini. 

    En otro orden, el cuerpo sancionó la ley 3259 de adhesión a la ley nacional de protección integral para las personas con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis –ley 27552-.

    A la vez, fueron aprobadas hoy las resoluciones 1088 que le solicita al gobierno provincial que realice convenios con el sector hotelero para alojar al personal de salud que conviva con personas consideradas de riesgo; y 1089 que prorroga la vigencia del protocolo para el funcionamiento parlamentario remoto o virtual por sistema de videoconferencia, hasta fin de noviembre.

    En igual sentido, se aprobaron las declaraciones de interés legislativo por el encuentro virtual Hackatón Pae edición Neuquén, el Futuro Cuenta con Vos, a realizarse en octubre y noviembre de este año -2988-; por el diseño, fabricación, lanzamiento y puesta en órbita del satélite argentino Saocom 1B -2989- y por la implementación del Programa Paz en la Escuela, organizado y desarrollado por la Fundación Catalina en la ciudad de San Martín de los Andes -2990-. 

    Asimismo, se aprobaron las declaraciones 2991 que expresa agrado para que el Ministerio de Turismo incluya en el calendario turístico y cultural de la provincia a la Fiesta Provincial de los Dinosaurios y la Energía Hidroeléctrica, a realizarse en la localidad de Villa El Chocón; la 2992 que declara de interés del Poder Legislativo el IV Encuentro Federal de la Red Argentina de Acompañantes Terapéuticos, a realizarse el 6 y 7 de noviembre; la 2993 que repudia las agresiones sufridas por el camarógrafo, Maximiliano Aragones, del Canal Todo Noticias, mientras daba cobertura periodística al desalojo de integrantes de la comunidad mapuche Lof Gallardo Calfú, en la localidad de El Foyel y la 2994 que declara de interés el “II Congreso Internacional de políticas públicas y el problema de las drogas - estrategias y experiencias sobre la problemática del alcohol”, a desarrollarse virtualmente del 26 al 30 de octubre.
      
    La 25° sesión ordinaria comenzó a las 10.30, presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y con la participación de 32 diputados y diputadas. La sesión combinó la modalidad presencial con la virtual, tal como se viene reuniendo la Cámara desde hace un tiempo a raíz de la pandemia.

    La sesión finalizó a las 14. 

    Neuquén, 22 de octubre de 2020.



    Solicitan que el Congreso Nacional trate la nulidad de los contratos de concesión de ferrocarriles 22/10/2020
    La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un proyecto de comunicación para que el Congreso de la Nación trate y apruebe el proyecto de ley que declara la nulidad de los contratos de concesión y demás instrumentos legales y jurídicos que motivaron la transferencia de los ferrocarriles argentinos.

    La iniciativa que se tramita en el Congreso Nacional plantea que la anulación de los contratos se realice sin indemnización y que el Estado nacional reasuma como único titular de la propiedad, administración, explotación y funcionamiento de toda la red ferroviaria nacional mediante un Sistema Único Ferroviario, que operará bajo control de los trabajadores ferroviarios elegidos democráticamente de todas las líneas férreas y con cargos revocables y organizaciones de usuarios del servicio.

    A la vez, propone la creación de la empresa “Ferrocarriles del Estado Argentino” que diseñará en forma inmediata un plan de recuperación, modernización y tecnificación del ferrocarril con fondos nacionales y reincorporará al personal que haya sido cesanteado por conflictos gremiales, entre otras cuestiones. Del mismo modo, contempla la creación de una Comisión Nacional Investigadora compuesta por trabajadores ferroviarios elegidos democráticamente y con cargos revocables, para supervisar el traspaso del sistema ferroviario del ámbito concesionado al sistema estatal.

    En los fundamentos, la autora contextualiza el proyecto en el crimen de Mariano Ferreyra, ocurrido hace diez años, que puso en escena la cuestión del negociado ferroviario por parte de los concesionarios privados, el gobierno y la burocracia sindical, y hace referencia a la tragedia de Once que produjo una crisis política al respecto.  Además, remarca que el régimen de privatizaciones se mantiene intacto a pesar del cambio de gobierno. “Cambia el signo político del gobierno, pero se mantienen los mismos intereses de fondo”, sostiene la diputada.

    El proyecto (13881) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de octubre. 



    Quieren instaurar el 16 de noviembre como Día del Taquígrafo Parlamentario 22/10/2020
    El 16 de noviembre se celebrará el “Día del Taquígrafo Parlamentario”. Así lo indica el proyecto de resolución que presentó el bloque del Frente de Todos y que solicita que la provincia adhiera a la fecha en la cual se creó la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios en 1946. 

    Al respecto, considera a la iniciativa como un reconocimiento al cuerpo de taquígrafos de la Legislatura provincial por su eficiencia, dedicación y por tratarse de una profesión que permite traducir el debate oral y apasionado de los diputados que integran el cuerpo, en un registro bien escrito, claro e imparcialmente redactado que engloba la historia parlamentaria de nuestra provincia.

    En ese sentido, recuerda en sus fundamentos que en 1946 se sancionó la primera norma – N° 915- que rigió respecto a la profesión, iniciativa que permitió organizar cuerpos de taquígrafos para ambas Cámaras del Congreso Nacional con cargos de director y de nueve taquígrafos para cada recinto.

    El proyecto (13880) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de octubre con la firma de los diputados Sergio Fernández Novoa, Mariano Mansilla y las legisladoras Soledad Salaburu, Soledad Martínez y Ayelén (FT).



    Rechazan que la Oficina Anticorrupción cese la querella en causas contra ex funcionarios públicos 22/10/2020
    El bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto en rechazo al desistimiento del rol de querellante de la Oficina Anticorrupción en los procesos penales en los que interviene en tal carácter.  

    Los fundamentos recuerdan que la Oficina Anticorrupción fue creada mediante la ley 25233, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de impulsar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional y, en forma concurrente, con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

    En otro tramo, describen el alcance de hechos de corrupción por parte del funcionariado y la dirigencia política, con las consecuencias que ello implica en la institucionalidad de un país y la limitación del acceso a bienes y servicios para la ciudadanía, entre otros aspectos. Aseguran que, frente a la actual crisis socio-económica que atraviesan distintos países a partir de la pandemia, el control de los recursos es fundamental para garantizar su destino real. En ese sentido, muchos países están profundizando la lucha contra la corrupción. “Sin embargo, por lo visto Argentina va por el camino inverso: en un momento tan importante como el que estamos atravesando en el país, la Oficina Anticorrupción anunció su desistimiento del rol de querellante, en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter, por supuesta falta de personal y de presupuesto”. 

    El proyecto de declaración (13879) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de octubre firmado por Ayelén Quiroga, Lucas Castelli, Karina Mortecinos, César Gass, Leticia Esteves y Luis Aquín.


    Promueven adherir a la ley nacional que habilita el uso medicinal de la planta de Cannabis 21/10/2020
    Los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio, Frente de Todos y PTS-FIT presentaron un proyecto de ley para que la provincia adhiera a la Ley 27.350, de "Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados". La iniciativa cuenta con la firma de 16 diputados y diputadas y tiene por objeto regular la investigación científica y el uso medicinal y terapéutico de la planta de Cannabis y sus derivados en el territorio provincial.

    Lo hace al permitir que el Sistema Público de Salud de la Provincia incorpore el uso del Cannabis y sus derivados con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. De igual modo, la norma fija que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) garantice la cobertura de su uso y también autoriza  la prescripción de Cannabis y sus derivados para profesional veterinario para aplicarlo en animales no humanos.

    En otro orden, la iniciativa deja sin efectos las restricciones para su autocultivo siempre y cuando la persona que lo realice se encuentre inscripta y autorizada por el por el Registro Provincial de Cultivadores de Cannabis Medicinal. Bajo estas dos prerrogativas, la normativa permite el consumo personal, familiar o aplicable a animales no humanos.

    Al respecto, deja en claro que podrán formar parte del registro tanto pacientes, familiares de pacientes y tenedores responsables de pacientes animales no humanos que cuenten con la debida prescripción médica para ser usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis. Aclara que los datos personales que se incorporen al registro estarán resguardados por tratarse de información estrictamente confidencial.

    En otro orden, la iniciativa deroga la ley 3042, que permite el uso de cannabidiol para tratar y paliar las consecuencias de una serie de síndromes y patologías, hace recaer en la cartera de Salud la autoridad de aplicación de la normativa y crea un Consejo Consultivo constituido por 15 representantes de distintas áreas de gobiernos, poderes del Estado y asociaciones civiles y académicas vinculadas con la temática.    

    Remarca que entre sus funciones se destaca la coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación y con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) las acciones necesarias para el correcto cumplimiento de la ley; el diseño de pautas y protocolos de investigación y la articulación de acciones junto al INTA y universidad para asesorar y capacitar sobre semillas, variedades, plantaciones y cosechas a las personas inscriptas en el registro de cultivadores de cannabis medicinal.

    También añade que el Ministerio de Salud podrá celebrar convenios para contar en un futuro con un banco de semillas destinado a favorecer la investigación y a aprovisionar a los autocultivadores que las requieran.

    Recuerda en sus fundamentos que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contemplan que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de su salud física y mental.

    En ese sentido, menciona como antecedente que en los últimos tres años la Justicia Federal falló a favor del uso de cannabis medicinal en más de 20 casos y cita como ejemplo la primera vez que se autorizó a una madre a realizar el cultivo de la planta de cannabis para extraer aceite y dárselo a su hijo de seis años que padecía Neurofibromatosis, hecho que ocurrió en Salta en 2018. 

    El proyecto (13869) ingresó por Mesa de Entradas el 20 de octubre con la firma de los diputados Lucas Castelli, Luis Aquín, César Gass (JC), Andrés Blanco (PTS-FIT), Gonzalo Bertoldi, Osvaldo Peralta, Sergio Fernández Novoa y Mariano Mansilla (FT) y las legisladoras Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu, Soledad Martínez, Teresa Rioseco, Lorena Parrilli (FT), Leticia Esteves, Karina Montecinos y Ayelén Quiroga.



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