Presentaron un proyecto de ley que propone crear un régimen de complejos habitacionales inclusivos y protegidos destinados a personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad habitacional. La iniciativa, presentada por el ciudadano Ariel Pérez Castillo, busca priorizar a quienes alquilan, viven en condiciones de hacinamiento o no cuentan con un espacio adecuado para desarrollar su autonomía personal.
La propuesta establece la planificación, construcción y adjudicación de viviendas diseñadas bajo criterios de accesibilidad total y diseño universal. Además, dispone que los complejos habitacionales se ubiquen en áreas urbanas con acceso cercano a centros de salud, transporte público adaptado y servicios básicos.
El proyecto prevé que las viviendas sean adjudicadas en propiedad exclusiva a personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y fija restricciones para su venta, alquiler o cesión durante un plazo mínimo de veinte años. También regula la figura de los cuidadores o familiares convivientes, quienes podrán asumir responsabilidades de acompañamiento y asistencia sin adquirir derechos de propiedad sobre el inmueble.
Asimismo, incorpora mecanismos de protección ante situaciones de violencia, exclusión o desalojo de la persona beneficiaria, con intervención de organismos provinciales y garantía de permanencia en la vivienda. También contempla procedimientos específicos para los casos de fallecimiento o incapacidad de quienes ejercen tareas de cuidado, asegurando la continuidad de la asistencia dentro del hogar.
En los fundamentos, el autor sostiene que los sistemas tradicionales de adjudicación de viviendas no alcanzan a responder a las necesidades específicas de muchas personas con discapacidad, particularmente aquellas que enfrentan dificultades para acceder a alquileres adecuados o residen en contextos de hacinamiento. En ese sentido, plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo integral de hábitat que contemple tanto la accesibilidad de las viviendas como la del entorno urbano.
La iniciativa también toma como referencia experiencias desarrolladas en la provincia de Río Negro vinculadas a la construcción de barrios inclusivos y plantea mecanismos destinados a evitar situaciones de despojo habitacional, garantizando que las viviendas mantengan su finalidad social y continúen destinadas a personas con discapacidad que las necesiten.
El proyecto (18396) ingresó por Mesa de Entradas el 8 de junio.