La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en general, y por mayoría, la ley que crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El cuerpo también votó en general, y por mayoría, la creación de la tasa por retribución de los servicios extraordinarios de vigilancia, seguridad y protección denominado “servicio de policía adicional”, y por verificación de automotores y motocicletas. Lo hizo esta tarde en la 4º sesión ordinaria comenzó a las 10.15 bajo la presidencia del vicegobernador Marcos Koopmann y con la participación de los 35 diputados y diputadas.
El Registro de Violencia Familiar y de Género obtuvo 31 votos positivos. En tanto, los bloques FIT y PTS-FIT votaron en forma negativa. El texto de la norma unifica dos proyectos presentados en la anterior gestión legislativa por el ex diputado Raúl Podestá y el bloque del MPN.
La diputada María Laura du Plessis (MPN) explicó que la inclusión o exclusión del Registro se realizará únicamente por orden judicial y señaló que “el punto de inflexión” que impulsó la presentación de los proyectos en el año 2018 fue el doble femicidio de Carina Apablaza y su hija Valentina, ocurrido en Las Ovejas en febrero de ese año.
Acotó que los jueces o juezas penales o civiles podrán ordenar la inclusión o exclusión del Registro cuando haya sentencia firme o cuando se violen las medidas de restricción ordenadas por la justicia. También sostuvo que se busca “inducir a quienes ejercen violencia a que encuentren el tratamiento adecuado y depongan la actitud violenta” y remarcó que con la ley se pretende generar “una herramienta más para que la justicia pueda contar con elementos para disuadir a las personas que ejercen violencia”.
Las personas que figuren en el Registro estarán inhabilitadas para ser candidatas a cargos electivos provinciales o municipales, al tiempo que no podrán ser designadas como funcionarios provinciales o municipales, ni acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo. Tampoco podrán ser proveedores o contratistas del Estado ni ingresar a las fuerzas de seguridad o a la planta de agentes del Estado.
Desde el FdT, la diputada Ayelén Gutiérrez destacó la necesidad de contar con más herramientas para erradicar la violencia de género y la enmarcó en la actual situación de pandemia que –dijo- incrementó los casos en un 40%. Rescató las inhibiciones que propone la ley para que las personas que ejercen violencia de género ocupen cargos púbicos y señaló que las medidas planteadas en la norma respetan las garantías constitucionales de las personas y el debido proceso.
Su compañera de bloque, Soledad Martínez, manifestó que el Registro tiene como objetivo que “los violentos entiendan que sus actos tienen consecuencias más allá de esa realidad intrafamiliar que violentan” y aclaró que de ninguna manera pretende “disimular” el camino pendiente que la provincia tiene en materia de violencia hacia las mujeres, como así tampoco entender que soluciona la problemática.
En sentido similar, el diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) planteó que “no es la solución a la pandemia de la violencia familiar” pero “puede ser un elemento más en esta batalla”.
Desde el FIT, la diputada Patricia Jure argumentó su oposición al considerar que “es una ley de autoencubrimiento” y planteó que debería incluir “a todo el Poder Judicial y a todo el Estado por poner en vulnerabilidad a las mujeres”. Advirtió que los casos con condena firme son un ínfimo porcentaje de la realidad y remarcó que la salida “no es que hagamos demagogia con las mujeres”.
En otro orden, el cuerpo votó en general, y por mayoría, la ley que crea la tasa por retribución de los servicios extraordinarios de vigilancia. Se trata de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de solventar económicamente la caja de Retiro Voluntario del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) para el personal policial. La tasa se adicionará al “valor hora hombre” del servicio prestado.
Al defender la iniciativa, la diputada Liliana Murisi (MPN) destacó los cambios incorporados al proyecto original que permiten dotar de movilidad a los valores consignados. Explicó que en un anexo los mismo se clasifican por actividades y que a fin de año pasarán a formar parte de la Ley Impositiva.
También identificó como aportes significativos eximir de su alcance tanto a municipios, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas y aclaró que entrará en vigencia una vez que concluya la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Por su parte, la diputada Lorena Parilli (FT) se pronunció en contra de la medida al advertir que se trata de una nueva presión impositiva sobre sectores comerciales. Calificó que a los fines prácticos resulta contradictorio imponer una tasa anual sobre pequeños sectores de clase media trabajadora que se equiparará a la que también deberán abonar entidades financieras con una mayor capacidad de generar ganancias.
Su par de bancada, Soledad Martínez tampoco acompañó la iniciativa al considerar que su implementación responde a un “parche” y no a una política de fondo para solucionar el déficit financiero que presenta la caja previsional de retiro del personal policial.
En tanto, Mariano Mansilla (FT) si avaló la nueva tasa al señalar que hasta que no se consensuen medidas que permitan superar su déficit actual, resulta indispensable subsanar el desfasaje con estos paliativos. Indicó que la edad de retiro de un policía tiene un piso de 42 años y que esta edad temprana de jubilación deriva en que otras cajas de trabajadores deban compensar el saldo negativo.
En otro orden, el cuerpo votó por mayoría la declaración 2894, que expresa beneplácito por la reposición del barril “criollo”, medida que establece un precio sostén de 45 dólares para su producción. Al reivindicar la decisión adoptada, la legisladora du Plessis indicó que el Decreto 488 responde a un esquema con mirada federal y descartó considerarla solamente como una medida aislada.
En ese sentido, expuso que el precio sostén para el barril de petróleo permite reactivar la actividad, garantizar puestos de trabajo y retrotraer los contratos de producción a las condiciones de diciembre de 2019. También señaló que su alcance permite priorizar el autoabastecimiento del país al prohibir la exportación del mismo si la demanda local no se encuentra garantizada y promueve un esquema de retenciones móviles en los dere