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    Programa de asistencia de emergencia para cooperativas y gestiones obreras 28/05/2020
    El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un proyecto de comunicación para instar al Poder Ejecutivo Nacional a incorporar a cooperativas y empresas recuperadas bajo gestión obrera como beneficiarias del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria”.

    La iniciativa solicita también que el cobro del aporte no sea incompatible con otros programas de asistencia recibida por las cooperativas y empresas recuperadas. 

    El autor menciona en los fundamentos la crítica situación que atraviesan las gestiones obreras al no poder generar el capital necesario para reparar y actualizar la tecnología, comprar insumos y materias primas en las cantidades necesarias. También señala que a esa situación se sumó el aislamiento social, preventivo y obligatorio que paralizó la producción por más de 50 días y advierte que al “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” se incluyó a las empresas y no a las cooperativas y fábricas recuperadas. 

    El proyecto (13340) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo. 



    Preguntan por la planta de procesamiento de líquidos cloacales de Chos Malal 28/05/2020
    El bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución para que el Ente Provincial de Agua y Saneamiento informe sobre la planta de procesamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Chos Malal ubicada en la Zona Chacra Sur y que opera bajo la supervisión de Empresa Neuquina en Supervisión de Ingeniería (ENSI).

    La iniciativa busca saber sobre la demanda que existe de procesamiento de los líquidos cloacales, la capacidad de procesamiento de la planta, los motivos por los que no funcionan en forma permanente todos los aireadores y las acciones realizadas para dejar de erogar al río Neuquén en la zona de la costanera de la ciudad de Chos Malal, por medio de un caño de grandes dimensiones proveniente de la planta.

    Los fundamentos señalan que el pedido de informe surge por el planteo de vecinos del sector Chacras Sur que manifestaron que el año 2018 la planta viene funcionando deficientemente con sólo el 20% de los aireadores, lo que aumentó el mal olor que afecta de manera permanente su calidad de vida y los obliga a estar encerrados y convivir con el mal olor. Agregan que la situación genera preocupación por las consecuencias que tiene para el medio ambiente, la salud y el bienestar de todos.

    El proyecto (13345) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo y lleva las firmas de las diputadas Ayelén Quiroga, Leticia Esteves y Karina Montecinos, y del diputado Luis Aquín. 



    Quieren conocer detalles sobre el programa ATP 28/05/2020
    El diputado Andrés Blanco presentó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que informe detalles sobre el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria”, dispuesto por el DNU 332.

    El pedido busca conocer la cantidad de empresas o unidades productivas de Neuquén que solicitaron la adhesión al programa; cantidad de beneficiados; cantidad de trabajadores y trabajadoras a las que se le depositó el ATP del salario de abril o mayo, cantidad de salarios mínimo vital y móvil aportados, discriminado por empresa según cantidad de empleados; y el porcentaje de los salarios que se vio cubierto en cada una de las empresas que accedieron al ATP.

    También requiere información sobre la cantidad de salarios complementarios concedidos en el marco del DNU 332/2020 cuyo salario neto a febrero de este año sea igual o mayor a 150.000 pesos; cantidad total de empleadores de Neuquén que han solicitado la baja a los beneficios y los motivos por los que no se procedió a una apertura de los libros o registros contables de las empresas que solicitaron asistencia para detectar en qué casos cuentan con la solvencia financiera para hacerse cargo ellas mismas de la garantía salarial.

    El autor señala en los fundamentos que empresas con más de 800 empleados accedieron al beneficio del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que brinda asistencia estatal para el pago de contribuciones patronales y sueldos. En ese sentido, pone como ejemplo a las empresas La Nación, Techint o Latam. Sostiene que “hay un financiamiento parasitario del Estado hacia los capitalistas” y manifiesta que cada vez son más y mayores los subsidios y beneficios a las empresas.

    El proyecto (13341) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo.



    Aprueban Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género 27/05/2020
    La Cámara de Diputados de la provincia aprobó en general, y por mayoría, la ley que crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El cuerpo también votó en general, y por mayoría, la creación de la tasa por retribución de los servicios extraordinarios de vigilancia, seguridad y protección denominado “servicio de policía adicional”, y por verificación de automotores y motocicletas. Lo hizo esta tarde en la 4º sesión ordinaria comenzó a las 10.15 bajo la presidencia del vicegobernador Marcos Koopmann y con la participación de los 35 diputados y diputadas.

    El Registro de Violencia Familiar y de Género obtuvo 31 votos positivos. En tanto, los bloques FIT y PTS-FIT votaron en forma negativa. El texto de la norma unifica dos proyectos presentados en la anterior gestión legislativa por el ex diputado Raúl Podestá y el bloque del MPN.

    La diputada María Laura du Plessis (MPN) explicó que la inclusión o exclusión del Registro se realizará únicamente por orden judicial y señaló que “el punto de inflexión” que impulsó la presentación de los proyectos en el año 2018 fue el doble femicidio de Carina Apablaza y su hija Valentina, ocurrido en Las Ovejas en febrero de ese año.

    Acotó que los jueces o juezas penales o civiles podrán ordenar la inclusión o exclusión del Registro cuando haya sentencia firme o cuando se violen las medidas de restricción ordenadas por la justicia. También sostuvo que se busca “inducir a quienes ejercen violencia a que encuentren el tratamiento adecuado y depongan la actitud violenta” y remarcó que con la ley se pretende generar “una herramienta más para que la justicia pueda contar con elementos para disuadir a las personas que ejercen violencia”.

    Las personas que figuren en el Registro estarán inhabilitadas para ser candidatas a cargos electivos provinciales o municipales, al tiempo que no podrán ser designadas como funcionarios provinciales o municipales, ni acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo. Tampoco podrán ser proveedores o contratistas del Estado ni ingresar a las fuerzas de seguridad o a la planta de agentes del Estado.

    Desde el FdT, la diputada Ayelén Gutiérrez destacó la necesidad de contar con más herramientas para erradicar la violencia de género y la enmarcó en la actual situación de pandemia que –dijo- incrementó los casos en un 40%. Rescató las inhibiciones que propone la ley para que las personas que ejercen violencia de género ocupen cargos púbicos y señaló que las medidas planteadas en la norma respetan las garantías constitucionales de las personas y el debido proceso.

    Su compañera de bloque, Soledad Martínez, manifestó que el Registro tiene como objetivo que “los violentos entiendan que sus actos tienen consecuencias más allá de esa realidad intrafamiliar que violentan” y aclaró que de ninguna manera pretende “disimular” el camino pendiente que la provincia tiene en materia de violencia hacia las mujeres, como así tampoco entender que soluciona la problemática.

    En sentido similar, el diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) planteó que “no es la solución a la pandemia de la violencia familiar” pero “puede ser un elemento más en esta batalla”.

    Desde el FIT, la diputada Patricia Jure argumentó su oposición al considerar que “es una ley de autoencubrimiento” y planteó que debería incluir “a todo el Poder Judicial y a todo el Estado por poner en vulnerabilidad a las mujeres”. Advirtió que los casos con condena firme son un ínfimo porcentaje de la realidad y remarcó que la salida “no es que hagamos demagogia con las mujeres”.

    En otro orden, el cuerpo votó en general, y por mayoría, la ley que crea la tasa por retribución de los servicios extraordinarios de vigilancia. Se trata de una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de solventar económicamente la caja de Retiro Voluntario del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) para el personal policial. La tasa se adicionará al “valor hora hombre” del servicio prestado.

    Al defender la iniciativa, la diputada Liliana Murisi (MPN) destacó los cambios incorporados al proyecto original que permiten dotar de movilidad a los valores consignados. Explicó que en un anexo los mismo se clasifican por actividades y que a fin de año pasarán a formar parte de la Ley Impositiva.

    También identificó como aportes significativos eximir de su alcance tanto a municipios, organizaciones de la sociedad civil y cooperativas y aclaró que entrará en vigencia una vez que concluya la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

    Por su parte, la diputada Lorena Parilli (FT) se pronunció en contra de la medida al advertir que se trata de una nueva presión impositiva sobre sectores comerciales. Calificó que a los fines prácticos resulta contradictorio imponer una tasa anual sobre pequeños sectores de clase media trabajadora que se equiparará a la que también deberán abonar entidades financieras con una mayor capacidad de generar ganancias.

    Su par de bancada, Soledad Martínez tampoco acompañó la iniciativa al considerar que su implementación responde a un “parche” y no a una política de fondo para solucionar el déficit financiero que presenta la caja previsional de retiro del personal policial.

    En tanto, Mariano Mansilla (FT) si avaló la nueva tasa al señalar que hasta que no se consensuen medidas que permitan superar su déficit actual, resulta indispensable subsanar el desfasaje con estos paliativos. Indicó que la edad de retiro de un policía tiene un  piso de 42 años y que esta edad temprana de jubilación deriva en que otras cajas de trabajadores deban compensar el saldo negativo.

    En otro orden, el cuerpo votó por mayoría la declaración 2894, que expresa beneplácito por la reposición del barril “criollo”, medida que establece un precio sostén de 45 dólares para su producción. Al reivindicar la decisión adoptada, la legisladora du Plessis indicó que el Decreto 488 responde a un esquema con mirada federal y descartó considerarla solamente como una medida aislada.

    En ese sentido, expuso que el precio sostén para el barril de petróleo permite reactivar la actividad, garantizar puestos de trabajo y retrotraer los contratos de producción a las condiciones de diciembre de 2019. También señaló que su alcance permite priorizar el autoabastecimiento del país al prohibir la exportación del mismo si la demanda local no se encuentra garantizada y promueve un esquema de retenciones móviles en los dere


    Quieren conocer estado de deuda impositiva de barrios cerrados y clubes de campo en toda la provincia 27/05/2020
    El bloque Frente de Todos presentó un pedido de informe sobre el estado de deuda del impuesto inmobiliario de loteos de barrios cerrados y clubes de campo en distintas localidades de la provincia. El pedido está dirigido al Ministerio de Economía e Infraestructura y a la Dirección Provincial de Rentas.

    El bloque busca conocer el pasivo de dicho tributo de todos los loteos destinados a barrios cerrados y clubes de campo de Neuquén capital, así como también consulta por el caso de Chapelco Golf & Resort de San Martín de los Andes, Estancia Chapelco SA y Chacras del Oeste SA, Los Canales de Plottier, Ruka Rayén Golf & Resort y Cumelén Country Club de Villa La Angostura; y todo otro barrio cerrado y club de campo de condiciones similares en toda la provincia.

    En ese marco, los diputados y las diputadas preguntan además por los procedimientos para la regularización de los montos adeudados, iniciativas legales y administrativas ante incumplimientos de pago; acuerdos, resoluciones y políticas de eximición del pago del impuesto inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos destinados a este tipo de loteos y, finalmente, actualizaciones de obras de mejoras realizadas dentro de los barrios en cuestión.

    Los fundamentos retoman las medidas impulsadas desde la Dirección Provincial de Rentas para paliar la situación económica de numerosas familias que se ven imposibilitadas de pagar a término los impuestos provinciales en el actual contexto de pandemia. Sin embargo, cuestionan la tasa de morosidad de sectores más pudientes y consideran que las facilidades de pago “debieran ser enfocadas y sectorizadas” en tanto “no podemos permitir las eximiciones de hecho o de derecho que existe sobre los sectores más pudientes de la sociedad”.

    El proyecto de resolución (13334) ingresó por Mesa de Entradas el 26 firmado por las diputadas Soledad Martínez, Ayelen Gutiérrez, Soledad Salaburu y Lorena Parrilli; y los diputados Sergio Fernández Novoa, Mariano Mansilla, Darío Peralta y Gonzalo Bertoldi del Frente de Todos.


    Piden que el CPE implemente un mecanismo que permita cubrir cargos docentes vacantes 27/05/2020
    La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un proyecto para instar al Consejo Provincial de Educación (CPE) a instrumentar un mecanismo que permita el cubrimiento de los cargos y horas vacantes, con retroactividad a partir del 15 de marzo. La iniciativa establece, además, que el procedimiento seleccionado deberá estar bajo la responsabilidad funcional de las respectivas Juntas que integran el CPE en coordinación con los Distritos Escolares que correspondan.

    Los fundamentos mencionan que hay alrededor de 500 cargos y 3.000 horas vacantes sin cubrir. Se trata de creaciones, vacantes por faltas de concursos, cargos y horas que no tuvieron toma de posesión a raíz de la cuarentena para prevenir la propagación del coronavirus. Dichas vacantes implican una cantidad significativa de salarios, estimados entre marzo, abril y mayo en unos 140 millones, según indica la legisladora.

    La falta de cobertura de esos cargos perjudica tanto a estudiantes que pertenecen a las aulas sin personal docente, como a los docentes de todos los niveles que se han quedado sin sus ingresos.

    El proyecto de resolución (13335) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo.


    Consultan a Nación sobre el informe de Gendarmería vinculado al conflicto minero 27/05/2020
    El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Seguridad de la Nación referido al “espionaje ilegal que se conoció a través del informe especial de inteligencia 6/20”, referido al conflicto minero y elaborado por la Gendarmería nacional argentina desde el Centro de reunión de información Neuquén.

    El pedido consulta si se realizaron tareas de inteligencia y recopilación de información sobre los mineros de la empresa Trident de Andacollo; si esa medida incluyó infiltración de gendarmes en las reuniones y asambleas de los trabajadores, así como también incursiones en sus domicilios particulares y, finalmente, qué organismo dio la orden de realizar dichas tareas de investigación y a qué funcionario le fue entregada la información recopilada. 

    Los fundamentos indican que el informe en cuestión, detalla información vinculada a las medidas adoptadas por los mineros en defensa de sus puestos laborales en el marco del conflicto con la empresa Trident. “Estamos en presencia, nuevamente, de un caso de espionaje ilegal”, asegura el legislador, quien retoma la ley de Inteligencia (25.520) que le prohíbe a las Fuerzas de Seguridad la obtención de información, producción de inteligencia o almacenamiento de datos sobre personas. La obtención de información está prohibida por la ley si no tiene lugar en el marco de una causa judicial, añade el diputado, quien enumera una serie de antecedentes y califica de “gravísimo” el hecho.

    El proyecto de comunicación (13325) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo.


    Preguntan por gestiones del gobierno sobre el conflicto laboral de los trabajadores de limpieza del hospital de Plottier 27/05/2020
    El diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) presentó un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo provincial sobre las gestiones realizadas en función del requerimiento de la Cámara para alcanzar la continuidad laboral de los 23 trabajadores despedidos de la empresa Belclau S.A., que presta servicios de seguridad y limpieza en el hospital del Plottier. Se trata de la resolución 1054 aprobada en el mes de marzo, que solicita al gobierno arbitrar los medios necesarios para lograr la continuidad laboral de los trabajadores en cuestión. 

    Los fundamentos indican que se pretende conocer el accionar de la Subsecretaría de Trabajo en tanto los trabajadores aun no han sido reincorporados a sus puestos laborales.

    El proyecto de resolución (13328) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo firmado por el diputado Coggiola y con la adhesión de los diputados Andrés Blanco (PTS-FIT); Mariano Mansilla, Sergio Fernandez Novoa, Darío Peralta y Gonzalo Bertoldi y las diputadas Soledad Salaburu, Lorena Parrilli y Ayelen Gutiérrez (Frente de Todos).


    Piden detalles sobre el plantel del personal de salud en Moquehue 27/05/2020

    El diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Salud sobre la dotación del personal que presta servicios en el puesto sanitario de Moquehue.


    El pedido solicita información en detalle sobre la cantidad de agentes que cumplen funciones en la localidad y, además, las razones por las que no hay profesionales de la medicina general ni de enfermería y el plazo que demandará la incorporación de estos profesionales. En igual sentido, consulta por el protocolo de prevención del coronavirus que se está implementando y las alternativas de atención evaluadas en función de la pronta llegada de la temporada invernal, situación que impedirá el acceso para que los pacientes puedan atenderse en la localidad más cercana, Villa Pehuenia.


    Los fundamentos indican que, desde el 2013, la comunidad de Moquehue no cuenta con personal médico ni de enfermería en el centro de salud, no sólo para la atención de emergencias, sino también para consultas cotidianas, curaciones, etc. Se trata de vecinos y vecinas que ven afectados sus derechos por no residir en uno de los grandes conglomerados urbanos, entiende el legislador. “La provincia, el país y el mundo están viviendo una pandemia virósica que reclama de la disponibilidad de recursos médicos para salvar la vida de los contagiados, y esta comunidad no tiene profesionales ni para atender un dolor abdominal, una dificultad respiratoria o la cura de una herida infectada”, sostiene el diputado.


    El proyecto de resolución (13322) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo.





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