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Ley para que la provincia asuma competencia penal en delitos menores asociados a estupefacientes



El diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) presentó un proyecto para que la provincia asuma la competencia penal en los delitos considerados menores vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes. A tal fin, la iniciativa propone la adhesión a la última modificatoria -realizada mediante ley 26052- de la ley nacional de estupefacientes, 23737.

El legislador explica que la modificación del artículo 34 de la ley 23737 le quita la exclusividad a la Justicia Federal para algunos tipos penales previstos por la propia norma. Sin embargo, el traslado de la competencia no es en forma automática sino que las provincias deben adherir expresamente, manteniéndose la competencia Federal si no lo hacen. En la fundamentación, explica cuáles son los delitos menores sobre los que tendrá margen de acción la justicia neuquina en caso de concretar la adhesión, entre las que figuran la comercialización de estupefacientes o materias primas, para su producción o fabricación, o la tenencia con fines de comercialización o distribución, su dación en pago, el almacenamiento o transporte, cuando estén fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; la entrega, suministro, aplicación o facilitación a otro de estupefacientes a título oneroso fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; el cultivo de plantas o acopio de semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación, cuando por la escasa cantidad y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal; la entrega, suministro, aplicación o facilitación a otro de estupefacientes cuando esta fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta; la tenencia simple y para fines personales; la falsificación de recetas médicas, y la impresión dolosa con datos supuestos o con datos ciertos sin autorización del profesional responsable de la matrícula y, finalmente, la venta de sustancias de medicinales que deben ser recetadas suministradas fuera de los términos de las recetas.

La propuesta adhiere al artículo 34 modificado de la ley de estupefacientes, al tiempo que sugiere a la Fiscalía General de la provincia la creación de una Fiscalía Especializada en Lucha contra el Narcotráfico con competencia en los delitos mencionados. 

A la vez, determina que la destrucción de los estupefacientes será realizada a través del procedimiento que fije el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia, de acuerdo a los principios de celeridad, transparencia y contralor jurisdiccional, e indica que el gobierno provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, a fin de poder implementar el control. 

Las multas y los bienes decomisados serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes, y a solventar gastos vinculados a las investigaciones de los delitos en cuestión. 

Finalmente, la norma prevé que el Ejecutivo provincial, en conjunto con el Poder Judicial, deberá coordinar acciones pertinentes para alcanzar “un blindaje al ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio provincial”.

En la fundamentación, el diputado explica que en la ley 23737 se optó inicialmente por la competencia exclusiva de la Justicia Federal para los delitos señalados porque los legisladores y legisladoras nacionales entendieron que resultaba necesario concentrar la actividad represiva del Estado contra el flagelo vinculado a la comercialización de estupefacientes. Bajo tal precepto, se entendió que la exclusividad del fuero Federal aportaría una justicia especializada para la investigación y sanción de estos delitos, que por su naturaleza resultan muy complejos. Cabe mencionar, además, que por aquel entonces se consideraba que Argentina constituía un país de paso o tránsito para las drogas y que la producción de las mismas se realizaba en otros países, argumento que sopesaba la atribución de la competencia al fuero Federal, en tanto el planteo era que se trataba de delitos de contrabando internacional de sustancias prohibidas. “Evidentemente, estas afirmaciones fueron desvirtuadas por el tiempo, ya que nadie puede desconocer que nuestro país en general, y nuestra provincia en particular, no resultan hoy ser lugares de paso sino de consumo, puesto que existe comercialización y hasta producción local de estas sustancias”, asegura Coggiola.

El proyecto de ley (14729) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de octubre. 

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