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Inclusión laboral de personas víctimas de trata



Las diputadas Lorena Parrilli y Teresa Rioseco, del Frente de Todos, presentaron un proyecto de ley que busca promover la inclusión laboral de las personas que han sido víctimas del delito de trata. Las legisladoras también presentaron un proyecto de resolución orientado a que el Poder Ejecutivo provincial informe las acciones realizadas para garantizar el derecho al trabajo y educación de las personas víctimas de trata en condiciones de igualdad y no discriminación.

La iniciativa de ley propone un sistema de incentivos impositivos para las empresas privadas radicadas en la provincia que ocupen a víctimas de trata y explotación de personas. Los empleadores podrán obtener un crédito fiscal que el contribuyente podrá aplicar al pago de impuestos provinciales y que será equivalente al total de los aportes patronales del personal que contrate en el marco del proyecto. 

En el ámbito público, plantea que se reserven puestos de trabajo en una proporción no menor al 1% del total del personal, destinados a personas que hayan sido víctimas de este delito y reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. 

Por otro lado, contempla un sistema de becas de capacitación laboral, técnica o profesional para quienes aspiren a un puesto de trabajo pero no reúnen las condiciones de idoneidad del cargo requerido. En caso de no haber completado su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar y finalizar el o los niveles educativos faltantes.

El proyecto también incluye la creación de un registro único provincial de aspirantes, con estricta confidencialidad y reserva de los datos.

En tanto, la iniciativa de resolución apunta a que el Poder Ejecutivo provincial informe sobre su intervención ante las denuncias por delito de trata, de acuerdo con la ley nacional 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas, y su modificatoria; y si realiza actividades de capacitación y asistencia en la búsqueda de oportunidades laborales para las víctimas rescatadas. De igual modo, busca saber si se les garantiza la incorporación o reinserción en el sistema educativo; si hay recursos públicos disponibles que procuren las viviendas indispensables para asistirlas; y si se suscribieron convenios de colaboración con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para garantizar a la inclusión laboral y educativa.

Los fundamentos sostienen que la trata de personas representa una grave violación a los derechos humanos de las víctimas que implica el engaño, el reclutamiento, el transporte y la explotación de una persona con fines sexuales, trabajos forzosos o alguna otra práctica análoga a la esclavitud.

Las autoras hacen referencia a estadísticas publicadas en el sitio web del Ministerio Publico Fiscal de Nación que dan cuenta que, de las 11815 denuncias recibidas en la línea 145 desde el año 2015 hasta 2021, 255 corresponden a la provincia de Neuquén. 

Mencionan que la propuesta de ley busca “generar un puente para facilitar la reinserción plena en la sociedad” a través de herramientas concretas como un cupo laboral con la formación y capacitación necesaria para desempeñar bien la tarea, que le permitirán a la víctima reconstruirse para comenzar una nueva etapa.

Los proyectos (14914 y 14915) ingresaron por Mesa de Entradas el 13 de enero. 


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