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    Solicitan a Nación medidas sobre el transporte internacional en los pasos fronterizos 30/03/2020
    Diputados y diputadas de ocho bloques presentaron un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo nacional que limite la excepción prevista en el decreto Nº 274/2020, referido a la prohibición del ingreso de personas al territorio nacional, para que el traslado de mercaderías por transporte de cargas internacional, a través de los pasos fronterizos, se realice mediante el cambio de contenedores de tipo universal en la frontera a camiones argentinos que no hayan circulado previamente por territorio de país limítrofe.

    La iniciativa explica que el decreto Nº 274/2020 dispuso la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso, en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Agrega que la medida incluye una serie de excepciones para permitir el normal abastecimiento de insumos imprescindibles que se llevan a cabo mediante las operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías.

    En los fundamentos, se indica que Neuquén limita con Chile, que es considerado zona afectada, con un total de ocho pasos fronterizos, lo que genera una gran circulación de transporte internacional de mercaderías con el inminente riesgo de propagación del virus. Quienes firman el proyecto sostienen que para evitar que la circulación de camiones provenientes de Chile genere la transmisión del virus, es necesario adoptar medidas eficaces en los pasos fronterizos del país que no impliquen interrumpir el tránsito de mercadería imprescindible para ambos países.

    En ese sentido, consideran que una medida oportuna sería realizar el cambio de contenedores sobre el transporte que proviene de países limítrofes, evitando la circulación de vehículos y personas extranjeras. Proponen que el cambio se realice en los pasos fronterizos para que la circulación por territorio nacional se haga con camiones y personal de dominio y residencia argentina que no hayan circulado en territorio extranjero. Acotan que la medida garantizaría el transporte internacional de mercadería dentro del territorio argentino con residentes nacionales, disminuyendo el riesgo de contagio y propagación del virus.

    El proyecto (Nº 13207) ingresó el 30 de marzo y está firmado por Maximiliano Caparroz, María Laura du Plessis, Lorena Abdala, Germán Chapino, Ludmila Gaitán, Liliana Murisi, José Ortuño, Javier Rivero y María Fernanda Villone (MPN); Ayelén Quiroga, Luis Aquín, Lucas Castelli, Leticia Esteves, César Gass y Karina Montecinos (Juntos por el Cambio); Elizabeth Campos y Raúl Muñoz (Partido Demócrata Cristiano); Andrés Peressini y Laura Bonotti (Siempre); Carina Riccomini (Juntos); Carlos Sánchez (Unión Popular); Francisco Rols (FRIN); y Fernando Gallia (Frente Nuevo Neuquén).





    La Cámara aprobó la ley de emergencia sanitaria 26/03/2020
    La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría la ley Nº 3230 que declara la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19) durante 180 días, con la posibilidad de prorrogarla por idéntico plazo. La norma autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 140 millones de dólares y propone una serie de medidas de contención y mitigación por el avance del COVID-19. La iniciativa fue presentada por el gobernador Omar Gutiérrez y se trató en forma conjunta con otros seis proyectos vinculados a acciones preventivas contra el coronavirus. La ley faculta al gobernador a adoptar las medidas necesarias para ejercer el poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, como así también de disponer medidas económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia. 

    La emergencia sanitaria se aprobó anoche en la 2º sesión especial del XLIX período legislativo que comenzó pasadas las 20.30 y continuó luego de la medianoche para su tratamiento en particular. Fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas. Como medida de prevención, previo al ingreso al edificio, se tomó la temperatura con un termómetro infrarrojo a todos los legisladores y al personal afectado a la sesión. 

    Durante el tratamiento en general, la ley de emergencia sanitaria recibió 33 votos aportados por los bloques MPN, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Siempre, Juntos, Unión Popular, Partido Demócrata Cristiano, Frente Nuevo Neuquén y FRIN. En forma negativa se pronunciaron los bloques FIT y PTS-FIT. 

    Sin embargo, en el tratamiento en particular, el Partido Demócrata Cristiano y el FIT  no estuvieron presentes en el recinto, mientras que el Frente de Todos votó en forma dividida. Las diputadas Soledad Martínez, Soledad Salaburu y Ayelén Gutiérrez adelantaron su voto negativo a los artículos 18, 19, 20 y 21 de la ley, vinculados a las medidas económicas. De igual modo se expresó su compañero de bloque Darío Peralta. Los demás bloques votaron igual que en el tratamiento en general.
     
    El cuerpo incorporó modificaciones al proyecto original presentado por el gobernador. El cambio principal es el monto del crédito que, de 100 millones de dólares, ascendió a 140 millones y se estableció que un 28,57% del crédito se destine como aporte no reintegrable a los municipios y comisiones de fomento de la provincia. A la vez, se incorporó que el Comité de Emergencia también esté integrado por tres representantes de la Legislatura, designados por los tres bloques con mayor representatividad. El Comité deberá comunicar a la Legislatura un informe quincenal sobre el estado de situación sanitaria y las acciones adoptadas, como así también fortalecer los servicios de protección a víctimas de violencias de género.
     
    Como miembro informante, la diputada María Laura du Plessis (MPN) dijo que la ley contiene herramientas para que el Poder Ejecutivo pueda tomar todas las medidas necesarias para mitigar la pandemia. Explicó que implica contar con “mecanismos que en una situación normal serían impensados pero, en realidad, no queda otra alternativa que tomarlos y asegurar su cumplimiento”. “Las medidas tomadas a tiempo pueden coadyuvar a evitar muchísimas muertes”, sostuvo, tras recordar el informe que expusieron ante los diputados la ministra de Salud, Andrea Peve, y el ministro de Economía, Guillermo Pons, sobre el panorama de la pandemia a nivel provincial.
     
    Detalló que la norma contiene medidas extraordinarias de protección a la población y un endeudamiento para cubrir las consecuencias de la crisis de la pandemia. “Ni las economías más avanzadas estaban preparadas para enfrentar los grandes gastos”, aseguró. También enfatizó que es necesario prever el peor de los escenarios para estar preparados de la mejor manera y se pronunció a favor de la acción mancomunada de todos los poderes del Estado.
     
    Su compañera de bloque, Liliana Murisi, hizo eje en las consecuencias económicas de la situación e informó que el precio del barril de petróleo estaba estimado en 57 dólares y, al mes de marzo, promedia 37 dólares. “Esto impacta en 38 millones de pesos por cada dólar que se deja de percibir y, al mes de marzo, se dejan de percibir regalías por 760 millones de pesos”, acotó para argumentar la necesidad de ofrecer la herramienta al Poder Ejecutivo. En ese sentido, convocó a todos los bloques a acompañar el pedido del gobernador ante el gobierno nacional de un precio sostén del barril para lograr “los recursos que todos estamos necesitando”.
     
    El jefe del bloque oficialista, Maximiliano Caparroz, manifestó que el gobernador no tiene la posibilidad de contar con decretos de necesidad y urgencia como herramienta y, a partir de eso, argumentó la necesidad de una ley de emergencia que permita atender “uno de los escenarios más críticos que tuvo la historia de la humanidad”. Asimismo, mencionó que Gutiérrez anunció la posibilidad de 4 mil camas entre el sistema público y privado, de las cuales el 70% van a ser públicas.
     
    Desde el Frente de Todos, la diputada Ayelén Gutiérrez calificó de “obscena” la deuda que figura en la ley aprobada. La legisladora enumeró las medidas económicas, sociales y sanitarias impulsadas por el gobierno nacional, y las diferenció de las “escasas” adoptadas por el gobierno provincial “que no responden a las necesidades de los neuquinos y las neuquinas”.
    La diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) remarcó que su bloque está de acuerdo con la necesidad de aprobar una ley de emergencia sanitaria, pero cuestionó la falta de medidas de índole social. Aseguró que Neuquén es la única provincia en todo el país que pidió autorización para endeudarse en el marco de una ley de emergencia sanitaria, mientras que, a nivel internacional, los organismos financieros buscarán condonar deuda. “Es de una irresponsabilidad irracional”, resumió Parrilli.
    Su compañera de bloque, Soledad Martínez, justificó el voto negativo bajo el argumento central de que la emergencia sanitaria no es tal sino un “paquete de endeudamiento” con un monto final desconocido que supera los 140 millones de dóla


    Alcances de la ley Nº 3230 que declara la emergencia sanitaria  26/03/2020
    La norma dispone que el Ejecutivo provincial podrá coordinar la reorganización y funcionamiento del subsector privado de salud y obra sociales, medicina prepaga y otros sectores privados no vinculados a la salud para que las camas, los recursos humanos y los elementos que puedan contribuir a la contención de la pandemia, estén a disposición para su utilización mientras dure la emergencia sanitaria. También plantea la posibilidad de prorrogar la emergencia por única vez por el mismo plazo.
     
    Por otro lado, posibilita que las fuerzas de seguridad puedan aprehender a una persona sin orden judicial, en caso que sea sorprendida infringiendo las normas de la emergencia, y deberán comunicarlo de inmediato a Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, establece que las personas que tengan conocimiento de una infracción de esas normas pueden hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal o la policía.
     
    Como parte de las facultades otorgadas, se podrá convocar a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, profesionales y trabajadores de la salud que no estén bajo la dependencia del sistema público-privado, organizaciones civiles y estudiantes avanzados. La convocatoria tendrá carácter de carga pública. Asimismo, podrá realizar la fiscalización de las normas contempladas en la emergencia sanitaria y aplicar sanciones económicas por incumplimiento.
     
    Entre las medidas de emergencia, se incluyen un plan de protección ciudadana con contención física, psíquica y social de la población; la suspensión de desalojos y ejecuciones para las actividades afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la emergencia; la suspensión de las ejecuciones fiscales y de sentencias en el caso de juicios contra el Estado, como así también la eliminación del devengamiento de los intereses por mora del artículo 57º de la Ley de Obra Pública.
     
    También establece que el gobierno provincial podrá emitir instrumentos financieros para cancelar las obligaciones de pago del tesoro provincial, como así también desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales y de los recursos producidos de la explotación de las actividades establecidas en la ley 2751, de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar.
     
    Además, plantea la implementación de sistemas de educación alternativos a distancia y la exención de forma total o parcial a los contribuyentes, de la obligación de abonar los mínimos mensuales fijados para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el artículo 211 del Código Fiscal Provincial vigente.
     
    Proyectos incorporados sobre acciones preventivas contra el coronavirus
     
    La emergencia sanitaria fue tratada en forma conjunta con otros seis proyectos. Se trata de una iniciativa del FIT para asignar partidas presupuestarias de emergencia al Ministerio de Salud para abastecer a los hospitales y centros de salud de insumos para la atención de la pandemia y una propuesta de ley del Frente de Todos para implementar un plan de educación con modalidad a distancia y virtual como contingencia frente a la situación epidemiológica.
     
    A la vez, se incorporó el proyecto de ley del Partido Demócrata Cristiano para declarar de interés provincial la lucha contra el coronavirus, como así también tres proyectos del FIT y el PTS-FIT con medidas para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19) y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos para la conservación de la salud; un pedido de informe al Poder Ejecutivo nacional sobre la pandemia del COVID-19 en el marco del DNU 260/2020 que establece la emergencia sanitaria; y otro dirigido al Poder Ejecutivo provincial sobre la cantidad de camas disponibles para internación de adultos, pediatría y neonatología con respirador artificial para la asistencia respiratoria mecánica (ARM), en los establecimientos públicos y privados.
     



    Se reprograma la Sesión Especial 20/03/2020
    Será el miércoles 25 de marzo a las 20 horas y el jueves a partir de las 00 horas. Así lo resolvió la comisión de Labor Parlamentaria que se reunió este mediodía con la participación de las autoridades de la Cámara y presidentes de los bloques. La decisión se enmarca en la necesidad manifestada por los distintos sectores políticos de realizar un análisis pormenorizado de los proyectos que constituirán el orden del día, teniendo en cuenta las nuevas medidas adoptadas ante la delicada situación epidemiológica actual.
    En la 2° Sesión Especial correspondiente al XLIX periodo legislativo el primer punto a tratar será el proyecto de ley por el cual se declara la emergencia sanitaria a causa de la pandemia por Coronavirus COVID-19. 
    La iniciativa establece la emergencia por un plazo de 180 días y faculta al Poder Ejecutivo provincial a adoptar las medidas necesarias para ejercer el poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, como así también establecer medidas económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia. 
    Por otra parte, los diputados tratarán un proyecto de ley por el cual se busca asignar partidas presupuestarias de emergencia al Ministerio de Salud para abastecer a los hospitales y centros de salud de los insumos necesarios.
    Se incorpora, además, un proyecto de ley por el cual se establecen medidas para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos para la conservación de la salud, como también una iniciativa que implementa un Plan de Educación con Modalidad a Distancia y Virtual como contingencia.
    El orden del día se completa con otros proyectos de comunicación y de resolución referidos a la pandemia.

    Neuquén, 20 de marzo de 2020.-


    El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de emergencia sanitaria 19/03/2020
    El gobernador Omar Gutiérrez presentó un proyecto de ley de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19). La iniciativa declara la emergencia por un plazo de 180 días y faculta al Poder Ejecutivo provincial a adoptar las medidas necesarias para ejercer el poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, como así también medidas económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia. En ese marco, solicita una autorización al Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito público por hasta 100 millones de dólares y propone una serie de medidas que contribuyan a la contención y mitigación del coronavirus.

    En ese sentido, dispone que el Ejecutivo provincial podrá coordinar la reorganización y funcionamiento del subsector privado de salud y obra sociales, medicina prepaga y otros sectores privados no vinculados a la salud para que las camas, los recursos humanos y los elementos que puedan contribuir a la contención de la pandemia, estén a disposición para su utilización mientras dure la emergencia sanitaria.

    Por otro lado, lo faculta a convocar a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, profesionales y trabajadores de la salud que no estén bajo la dependencia del sistema público-privado, organizaciones civiles y estudiantes avanzados. La convocatoria tendrá carácter de carga pública. En tanto, autoriza a la Administración Pública Provincial centralizada y descentralizada, y a las sociedades con participación estatal “a adoptar medidas económicas y sociales que de manera razonable contribuyan eficazmente a la contención y mitigación del virus responsable del coronavirus COVID-19”

    Además, podrá realizar la fiscalización de las normas contempladas en la emergencia sanitaria y aplicar sanciones económicas por incumplimiento. Asimismo, propone un plan de protección ciudadana tendiente a mitigar los efectos de esta situación que incluye contención física, psíquica y social de la población. 

    En tanto, el Poder Ejecutivo queda autorizado a tomar las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos faenadores, elaboradores, procesadores, logísticos, comercializadores y de almacenaje de frutas, verduras, hortalizas, carnes, alimentos y todos los bienes necesarios e indispensables.   

    Como parte de las facultades otorgadas, se plantea la posibilidad de que las fuerzas de seguridad puedan aprehender a una persona sin orden judicial, en caso que sea sorprendida infringiendo las normas de la emergencia. En tanto, se establece que las personas que tengan conocimiento de una infracción a esas normas podrán hacer la denuncia correspondiente en el Ministerio Público Fiscal o la policía. 

    En otro orden, la iniciativa contempla la suspensión de desalojos y ejecuciones para las actividades que incluya la reglamentación, afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la emergencia. Asimismo, dispone la suspensión de las ejecuciones fiscales y de la ejecución de sentencias en el caso de juicios contra el Estado, como así también la eliminación del devengamiento de los intereses por mora del artículo 57º de la Ley de Obra Pública. 

    Las medidas económicas incluyen la autorización al Ejecutivo provincial a disponer la emisión de instrumentos financieros “hasta la suma necesaria" para cancelar las obligaciones de pago del Tesoro provincial. Agrega que los plazos de vencimiento de los instrumentos que se emitan podrán superar el ejercicio financiero de su emisión. 

    De igual modo, lo autoriza a desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales y de los recursos producidos de la explotación de las actividades establecidas en la ley 2751, de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar. También lo faculta a instrumentar las medidas necesarias para gestionar la obtención de financiamiento y administrar los pagos que deba efectuar la provincia, “a fin de garantizar el funcionamiento de las instituciones provinciales teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria”. 

    El proyecto estipula que la provincia podrá adherir, en caso de ser necesario, a las normas que se dicten a nivel nacional, vinculadas a la emergencia. Además, faculta al Poder Ejecutivo a sustituir temporalmente los mecanismos de participación ciudadana que impliquen asistencia presencial, por otros que resulten concordantes con la situación de emergencia. 

    En la exposición de motivos, Gutiérrez argumenta que a partir de la declaración del coronavirus como una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “es preciso adoptar medidas extraordinarias, estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación, así como disponer de los recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentar tal pandemia”. 

    El proyecto (13.205) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de marzo.  


    Diputados piden informes de impacto ambiental por la represa Portezuelo del Viento en Mendoza 18/03/2020
    La comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable acordó hoy cursar los pedidos de informe al Ejecutivo Nacional, a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y a la subsecretaría de recursos hídricos de la provincia del Neuquén que informen sobre el estudio de impacto ambiental para la construcción de la represa “Portezuelo del Viento” sobre el río Grande de la provincia de Mendoza y sobre lo actuado en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) respecto del mismo tema.

    Los pedidos de informe surgen de tres proyectos, uno de comunicación y dos de resolución que observan la falta de información en relación a la construcción de dicha represa.

    En este sentido, el diputado Mariano Mansilla (FT) sostuvo que “sospechamos que no hay un estudio de impacto ambiental pero nos dijeron extraoficialmente que sí lo hay y eso es lo que nos enviarían”.

    La presidenta de la comisión, Lorena Abdala (MPN) señaló que “el gobernador de la provincia planteó su posición respecto de este tema durante el discurso de apertura de sesiones, pero no está mal pedir estos tres informes por separado”.

    En otro punto del orden del día, los diputados votaron el pase a archivo de expedientes que no fueron requeridos por los legisladores para mantener en comisión.

    Participaron de la reunión de la comisión `H’ las diputadas Lorena Abdala, Teresa Rioseco, Ludmila Gaitán, Soledad Salaburu y Carina Riccomini; y los diputados José Ortuño, Mariano Mansilla y Andrés Peressini.

    Neuquén, 18 de marzo de 2020.-


    Guardias mínimas en la Legislatura hasta el 31 de marzo 18/03/2020
    El personal legislativo podrá permanecer en sus hogares y no concurrir a su lugar de trabajo hasta el 31 de marzo. Así lo dispuso el presidente de la Legislatura, Marcos Koopmann en el día de hoy, en el marco de la política de prevención para controlar la expansión de la pandemia originada por el coronavirus. 

    A fin de garantizar los servicios mínimos, las prosecetrarias del poder legislativo, designarán guardias mínimas en los sectores que crean necesarios.

    Neuquén, 18 de marzo de 2020.-


    La izquierda propone paquete de medidas para prevenir el coronavirus 17/03/2020
    Desde las bancas de izquierda de la Legislatura presentaron un proyecto de ley que incluye una serie de medidas económicas, sanitarias y laborales, para prevenir la expansión del coronavirus en la provincia. Con esta ley, el Ejecutivo deberá destinar el 5% de la producción de hidrocarburos a dar respuesta a la emergencia sanitaria, prohibir los despidos y suspensiones laborales, crear licencias especiales y garantizar los insumos sanitarios y de higiene en el sistema público de salud.

    En materia de política sanitaria, la iniciativa establece que el gobierno provincial deberá garantizar a toda la población, el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud. En ese sentido, indica que todos los centros de salud y hospitales deberán contar con insumos sanitarios, instrumentos para diagnosticar la enfermedad y elementos de higiene, los que deberán disponerse también en el transporte público y en las escuelas. A la vez, indica que, una vez que se detecte y se apruebe la vacuna contra el coronavirus, el Ejecutivo deberá asegurar su entrega en forma gratuita. El sistema privado de salud deberá disponerse bajo la órbita del sistema público, para garantizar la cobertura y centralizar decisiones de índole estatal.

    En cuanto al régimen de licencias especiales, indica que todo trabajador y/o trabajadora con síntomas y/o con familiar a cargo, tendrá derecho a una licencia especial, al igual que quienes cuenten con niñas y/o niños escolarizados. Las licencias tendrán vigencia durante todo el periodo de confinamiento establecido y serán con goce de haberes.

    La propuesta prohíbe, además, los despidos sin justa causa o las suspensiones con afectación salarial al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector público como privado. 

    Finalmente, crea una ‘Comisión de seguridad e higiene’ en todas aquellas empresas u organismos en los que hayan transitado personas afectadas. Las comisiones estarán integradas por trabajadores designados a tal fin, elegidos mediante asamblea de cada lugar de trabajo. Son órganos que tendrán la facultad de tomar decisiones de prevención y resguardo frente a la pandemia.

    Los fundamentos indican que, además de las medidas adoptadas por el gobierno nacional y el provincial frente a la pandemia originada por el coronavirus, es necesario que el Estado disponga de una fuente de recursos destinados en forma exclusiva a combatir la enfermedad mundial, al tiempo que debe regular las condiciones laborales que garanticen licencias especiales y el confinamiento anunciado.   

    El proyecto (13 202) ingresó por Mesa de Entradas el 16 de marzo y lleva la firma de la diputada Patricia Jure (FIT) y del diputado Andrés Blanco (PTS-FIT).


    Consultan el estado de situación de hospitales y centros de salud frente al coronavirus 17/03/2020
    El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) y la diputada Patricia Jure (FIT) presentaron un pedido de informe dirigido al Ministerio de Salud a fin de que remita información vinculada a la atención y abastecimiento de insumos sanitarios para afrontar posibles casos de coronavirus en la provincia. 

    El pedido consulta sobre cantidad de establecimientos, públicos y privados, con internación; cantidad de camas de internación y cantidad de camas para internación en unidad de terapia Intensiva con respirados artificial. A la vez, solicita información en detalle sobre el recurso humano del sistema de salud, a saber: cantidad de profesionales y su especialidad; cantidad de personal de enfermería; equipos psicosociales, técnicos y administrativos, así como personal de limpieza y mantenimiento.

    Asimismo, se busca conocer stock de insumos y medicamentos para afrontar la emergencia sanitaria y las empresas proveedoras tanto de insumos como de aparatos para diagnósticos. 

    Los fundamentos retoman datos del 2018, según los cuales el sistema público de Salud contaba por aquel entonces con 30 hospitales con 1.162 camas, 84 centros de salud, 105 puestos sanitarios y siete centros de día. La cifra aportada por el sector privado es de 732 unidades para internación. La cobertura que esas cifras arrojan no alcanza lo establecido por la organización mundial de la Salud, que sugiere de ocho a diez camas por cada mil habitantes. 

    El proyecto de resolución (13 201) ingresó por Mesa de Entradas el 16 de marzo. 



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