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    Piden detalles sobre el Plan de vacunación contra el COVID en la provincia 27/11/2020
    Desde el bloque Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe sobre el plan de vacunación contra el COVID 19 que se implementará en la provincia. El pedido se dirige al Ministerio de Salud y apunta a conocer aspectos en detalle sobre el operativo para garantizar el acceso a la vacuna de carácter libre, gratuita y voluntaria, según se anunció desde el gobierno provincial.

    El pedido solicita información detallada sobre cuál es la vacuna que se colocará; protocolo para alcanzar a vacunar a la ciudadanía con 150 mil dosis; procedimiento, equipamiento y metodología de traslado para la conservación adecuada de la vacuna; vacunatorios disponibles; personal necesario para la puesta en marcha del plan y tiempo estimado de duración del plan. 

    A la vez, los diputados y las diputadas consultan sobre las autorizaciones que se requieren el plan en cuestión; el operativo logístico y sanitario; criterios para la selección del voluntariado ya inscripto y organismos oficiales implicados en el plan, entre otros aspectos.

    Los fundamentos remarcan que el operativo implicará, según datos oficiales, una primera instancia de colocación de vacunas a una población estimada de 145 mil personas, 16 mil personas del Sistema de Salud, 65.200 personas mayores de 60 años, 49 mil personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y 14 mil personas personal esencial/estratégico. Según informaron desde el gobierno, se prevé la colocación en espacios al aire libre y en vacunatorios móviles, a domicilio, establecimientos educativos y otros organismos públicos.

    “Es dable pensar, que se trate de una vacuna segura, para lo cual se requiere información para brindar a la comunidad la tranquilidad de conocer y aceptar el dispositivo de vacunación”, entienden los diputados y las diputadas. 

    El proyecto de resolución (13992) ingresó por Mesa de Entradas el 27 de noviembre firmado por César Gass, Leticia Esteves, Luis Aquín y Ayelén Quiroga. 


    Buscan eximir del pago de Ingresos Brutos a monotrubtistas, PyMEs y pequeños comerciantes 27/11/2020
    El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un proyecto de ley para eximir durante seis meses del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos a monotributistas, establecimientos comerciales de menos de 400 m2 y pequeñas y medianas empresas de hasta 15 empleados registrados. La medida busca alivianar la presión tributaria y atenuar el impacto económico producido por la pandemia en esos sectores. 

    En los fundamentos, el autor remarca la grave crisis económica que atraviesa el sector comercial, de servicios y las pequeñas y medianas empresas, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, reflejada en el cierre de muchos comercios y pymes, la caída de la actividad y la pérdida de empleos. 

    Señalan que la disminución del consumo causado por el aislamiento social obligatorio y las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria, sumado a la difícil situación económica, afectaron el sostenimiento de la actividad económica del sector comercial e industrial. 

    En ese marco, subraya la necesidad de garantizar la presencia del Estado para generar políticas públicas orientadas a la reactivación de la economía y ayudar al pequeño comerciante y a las PyMes. 

    El proyecto (13991) ingresó por Mesa de Entradas el 27 de noviembre. 



    Consultan por obras de mantenimiento en edificios escolares 27/11/2020
    El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Provincial informe sobre las obras de mantenimiento, reparación y acondicionamiento realizadas en los edificios escolares. 

    Por otro lado, la iniciativa insta a la ejecución de esas obras y a la adopción de las medidas necesarias para garantizar el dictado de clases presencial el próximo año.

    En los fundamentos, el autor advierte que el dictado de clases presencial sigue interrumpido y subraya que, de acuerdo a las denuncias de los actores del sistema educativo, no se realizaron obras de mantenimiento en los establecimientos. 

    Remarca que es urgente terminar esas obras en tiempo y forma antes del próximo inicio del ciclo lectivo para evitar más pérdida de días de clases. “Se debe avanzar en acciones tendientes a optimizar la calidad educativa, con previsibilidad de contenidos, horarios, infraestructura adecuada y presencialidad en el dictado de clases”, sostiene. 

    El proyecto (13990) ingresó por Mesa de Entradas el 27 de noviembre. 



    Despacho para adherir a la ley nacional de uso medicinal del cannabis 26/11/2020
    La Comisión de Desarrollo Humano y Social (C) emitió hoy despacho por unanimidad al proyecto de ley iniciado por los diputados de los bloques Juntos por el Cambio, Frente de Todos y PTS-FITP, por el cual se adhiere a la Ley 27 350 de Investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis y sus derivados. 

    A través de la sanción de la norma provincial se incorporará al Sistema Público Provincial de Salud (SPPS) como tratamiento, las especialidades medicinales derivadas del cannabis para aquellos pacientes a los que el profesional o equipo de salud responsable se lo indique como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. El despacho fue girado a las comisiones de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).

    La diputada Ayelén Gutierrez (FdT) dijo que se arribó a un despacho consensuado a través de las consultas a las organizaciones de cannabicultores de la zona, que incluso participaron de la reglamentación de la ley nacional. “No ha sido un trabajo improvisado ni de último momento”, sostuvo.

    En tal sentido Lucas Castelli (JC) se refirió al proyecto como una acto de justicia y de “ampliación de derechos” para tantas personas que podrán mejorar su calidad de vida con el uso medicinal del cannabis. El legislador destacó, además, la lucha de las organizaciones por más de 10 años.

    Andrés Blanco (PTS-FIT) observó la conformación del consejo consultivo opinando que no se convierta en un “órgano burocrático” en tanto que el diputado Javier Rivero (MPN) dijo que la provincia de Neuquén vuelve a ser pionera en temas de salud y recordó la ley provincial del 2016 para el tratamiento con cannabis medicinal en casos de epilepsia refractaria.

    El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) deberá garantizar a sus afiliados la cobertura de las especialidades referidas y se crea un Consejo Consultivo presidido por el Ministerio de Salud. Entre sus funciones se destaca el asesoramiento a diferentes organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la promoción de medidas dirigidas a la población en general, con el objetivo de informar sobre los avances científicos acerca del uso terapéutico de los derivados del cannabis.

    También se abrirá un Registro Provincial del Programa de Cannabis Medicinal (REPROCAM), de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 883/2020 del PEN, a los fines de efectuar la inscripción de pacientes, familiares de pacientes, y aquellos que practican el cultivo controlado de la planta de cannabis como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, con la debida confidencialidad y protección de datos personales.

    En otro de los puntos, el cuerpo acordó enviar una nota por presidencia,  en relación al proyecto de resolución iniciado por el bloque Frente de Todos, por el cual se solicita a la ministra de Salud de la provincia, informe sobre la cantidad, el funcionamiento y los planes de contingencia de los mamógrafos que posee el sistema de salud público y con respecto a las derivaciones al sistema privado de mamografías. 

    Participaron de la comisión los diputados Javier Rivero, Germán Chapino, Andrés Blanco, Lucas Castelli y las diputadas Elizabeth Campos, Leticia Esteves, Ludmila Gaitán, Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu, Lorena Parrilli y Teresa Rioseco.

    Neuquén, 26 de noviembre 2020.-


    Licencia por violencia de género en el Estado provincial 26/11/2020
    El bloque del MPN, junto al bloque Unión Popular, presentó un proyecto para crear la licencia por violencia de género con goce de haberes en el Estado provincial, a fin de garantizar la integridad física y psíquica de la víctima y de su familia. 

    Las condiciones laborales de quienes soliciten la licencia por violencia de género no podrán ser modificadas a consecuencia del pedido. Además, el uso de esta licencia no afectará la remuneración que corresponda abonar, ni eliminará o compensará otras licencias a las que se tenga derecho a usufructuar. 

    El articulado establece que la licencia será de carácter especial y podrá ser solicitada a través de cualquier medio. Una vez realizado el pedido, la víctima tendrá cinco días hábiles para presentar la constancia de denuncia judicial o acto ante los dispositivos temáticos creados y articulados según las leyes de eliminación de la violencia contra la mujer. 

    El plazo, las condiciones y la vigencia de la licencia se concederán en función de lo determinado por los servicios de atención y asistencia a las víctimas de violencia de género o por el organismo judicial interviniente. 

    La medida alcanzará a todos los organismos del Poder Ejecutivo, así como también a los Poderes Legislativo y Judicial, a los organismos de control y extrapoderes, entes autárquicos y descentralizados, empresas del Estado y sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria de la provincia. A la vez, convoca a los municipios de primera categoría a adherir.

    Los fundamentos mencionan que la ley apunta a visibilizar y reconocer un derecho laboral que abarca tanto a las mujeres como al colectivo LGTBIQ+ que desempeñan funciones en el sector público de la provincia y que son víctimas de hechos de violencia de género. Aseguran que constituye una propuesta para “dar respuesta a esta problemática: la violencia por razones de género mata y debe ser combatida y prevenida”. Retoman, además, las cifras del Observatorio “Ahora que sí nos ven” que dan cuenta de 265 femicidios en todo el país desde el inicio de este año hasta mediados de este mes.  

    En otro tramo explican que, ante la necesidad de preservar la fuente laboral, las víctimas de violencia deben buscar distintas vías alternativas cuando tienen que ausentarse en el trabajo para cumplir con requerimientos judiciales o administrativos, o incluso ante la necesidad de requerir para sí o sus hijos e hijas de medidas de seguridad especiales, situación que invisibiliza la problemática y sesga el derecho a la protección integral. Así, en la actualidad las víctimas de la violencia de género recurren a licencias inespecíficas para poder contar con el tiempo necesario para recuperarse de las agresiones, iniciar acciones legales, recurrir a atención psicológica y jurídica, acceder a contención afectiva e incluso hasta realizar una mudanza. Las licencias inespecíficas terminan resultando una pesada carga ya que, además de invisibilizar la problemática al colocarla en el plano de lo personal, patologiza y estigmatiza a la persona.

    Frente a este escenario, el reconocimiento legal de la licencia laboral por violencia de género apunta a establecer instancias que promuevan la igualdad de oportunidades en los ámbitos laborales donde se desempeñan mujeres y el colectivo de la diversidad, y que atraviesen situaciones de violencia de género, evitando de ese modo la profundización de la desigualdad que el hecho mismo de la violencia genera. 

    Por último, informan que en el país, la provincia de Chubut fue la primera provincia en regular la licencia por violencia de género mientras que otras jurisdicciones cuentan con iniciativas similares presentadas en sus respectivos parlamentos. En Neuquén, existen antecedentes similares en distintos organismos tales como el Consejo Provincial de Educación, el CCT del personal del Registro Civil, del EPAS, del EPEN y de Salud Pública, entre otros. 

    El proyecto de ley (13989) ingresó por Mesa de Entradas el 25 firmado por Maximiliano Caparroz, Germán Chapino, María Laura du Plessis, Lorena Abdala, María Fernanda Villone, Javier Rivero, José Ortuño, Ludmila Gaitán y Liliana Murisi (MPN) y por Carlos Sánchez (UP).



    Despacho para declarar interes por la participación de la Escuela Nº 60 de Plottier en Conferencia Global 2020 26/11/2020
    La comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (D) emitió despacho por unanimidad del Proyecto que declara de interés del Poder Legislativo la participación de las y los alumnos de 5° grado de la Escuela primaria N° 60 de Plottier en el evento de apertura de la Conferencia Global 2020 de la Red Teach for All. Hizo lo propio con la iniciativa que establece el interés por la Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé, creada en el año 2014, en el marco del Programa Social de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. 

    Para exponer sobre la Conferencia Global 2020 realizada el pasado 20 de octubre, de la que participó la escuela Nº60 en representación de Argentina, participaron por zoom la profesora de música, Monica Barros, la docente de 5º grado Carolina Roa, la docente Maria Claudia Demetrio de Zapala, la Lic. Magdalena Fernández Lemos directora ejecutiva de la Fundación Enseñá por Argentina y la directora del programa Educar por Argentina, Cecilia Lopez Mendieta.

    La docente de música comentó los pormenores de la experiencia global de la que fueron parte los niños y niñas juntos con sus familias, y ponderó “la unión cultural que nos permitió conectar a nivel mundial con chicos de Tanzania, India o Israel a través de los valores y sentimientos que están expresados en la canción que cantaron en inglés chicos y chicas de todo el mundo”.

    Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Enseñá por Argentina explicó que la institución que está presente en 59 países, que funciona en Argentina desde 2009 y que desde 2011 acompaña a escuelas de todo el país. “Nuestro objetivo es que los chicos reciban educación que valore su identidad y que los haga agentes de transformación en sus comunidades”, explicó Fernández Lemos. 

    La iniciativa contó con el acompañamiento unánime de las diputadas y diputados miembros de la comisión y será remitida al recinto para su aprobación por el pleno de la Cámara.

    El mismo tratamiento dieron los diputados y diputadas al proyecto que establece de interés del Poder Legislativo la Orquesta Infantil y Juvenil de Aluminé, creada en el año 2014, en el marco del Programa Social de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. 

    La diputada Soledad Martínez (FdT) explicó que con esta iniciativa en la que participan niños, niñas y adolescentes de 7 a 18 años y que forma parte de las mas de 300 orquestas que en el marco del plan nacional se han creado desde el 2004 “se propone la integración cultural y social de los niños, niñas y adolescentes especialmente en situación de vulnerabilidad pero logrando una integración total porque quienes participan lo hacen desde todos los sectores de las comunidades”.

    La legisladora explicó, además, que el programa es financiado por el Ministerio de Cultura de la Nación, “con inversión no sólo en los instrumentos musicales necesarios para que los niños aprendan música, sino también en capacitación de los docentes y en un programa de encuentros que fomentan la cultura musical”. 

    Además recordó que la orquesta de Aluminé participó del 1º encuentro virtual de orquestas sinfónicas latinoamericanas junto a otras orquestas de todo el país el pasado 6 y 7 de noviembre.

    La presidenta de la comisión, María Fernanda Villone (MPN)
    resaltó este programa cultural “que al igual que las propuestas deportivas, es muy importante en la prevención de adicciones”.

    Villone también destacó el rol de las familias y las distintas gestiones de gobierno que “lograron sostener esta banda a lo largo de los años, consiguiendo los fondos, gestionando los instrumentos y todo lo necesario para que este proyecto continúe”.

    “Una declaración parece un simple papel pero es mucho más que eso para quienes integran una banda infanto juvenil y eso incluye a los niños, niñas y adolescentes pero también a los padres”, concluyó Villone.

    Finalmente, la comisión definió dejar en estudio para el próximo año legislativo la iniciativa que crea la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo, con el objeto de promover la vinculación e integración de la ciencia, la tecnología y la innovación con la sociedad, la producción y el gobierno. 

    Para la reunión de hoy se esperaba contar con la participación del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, quien no pudo formar parte del debate por compromisos previamente asumidos, según informó Villone. 

    La diputada Carina Riccomini (Juntos) expuso un cuadro comparativo de las funciones y misiones de la agencia ADI Neuquén, COPADE y la nueva que se busca crear y sugirió “tomarse más tiempo para no generar un organismo  con funciones similares a los que ya existen”. También propuso trabajar en aunar estas agencias para optimizar los esfuerzos.

    Desde Juntos por el Cambio, César Gass coincidió en que “hay superposición de funciones de esta nueva agencia con otras que ya existen” y abonó a dejar la iniciativa en estudio.

    Por su parte, Lorena Parrilli (FdT) consideró que "puede ser una buena propuesta crear este organismo como máxima autoridad de ciencia y tecnología en la provincia, pero a esto hay que darle una mayor profundidad y hacerle aportes para tener una ley que tenga un presupuesto claro y dentro de los márgenes en que están todas las agencias del Estado".

    Desde el bloque oficialista, la diputada Villone dijo que “este proyecto del Ejecutivo plantea un salto cualitativo para la provincia” y acordó en que es necesario trabajar en el articulado “para sumar propuestas, voces y debates que enriquezcan la propuesta”. 

    Formaron parte de la reunión de la comisión las diputadas y diputados Villone, Quiroga, Murisi, Riccomini, Parrilli, Martinez, Gutiérrez, Gass, Jure, Peressini y Rivero.

    Neuquen, 26 de noviembre de 2020.-


    Especialistas explicaron beneficios de la creación de un banco genético provincial 26/11/2020
    La comisión de Derechos Humanos (G) comenzó hoy el tratamiento del proyecto que crea un banco provincial de datos genéticos con el objetivo de obtener información que contribuya a la determinación de delitos penales, conflictos judiciales relativos a la filiación, análisis de ADN con consentimiento de partes, investigación científica y reproductiva, y compatibilidad en la donación de órganos. A tal fin, la comisión que preside el diputado César Gass (JC) recibió a expertos en la materia y a la vocal del TSJ, Soledad Gennari, quien explicó la implementación del registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual bajo la órbita judicial neuquina.

    Al pronunciarse a favor de la creación de un banco genético en la provincia, la especialista en genética, María Eugenia Antuna remarcó la importancia de que el registro sea desarrollado y trabajado por personal idóneo en la materia. Además, enfatizó que su implementación permitirá esclarecer cuestiones vinculadas a la filiación, así como también identificar restos cadavéricos de personas desaparecidas, colaborar en la investigación criminal a través de la determinación de perfiles de ADN y, crear una base de datos genéticos no codificantes que contribuya a la resolución de conflictos judiciales.

    Antuna informó que en el país, son seis las provincias que ya cuentan con este tipo de bancos con información genética, entre las que figuran Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Además, en su intervención, la licenciada explicó en detalle el proceso para la obtención de información genética, y se explayó en cuestiones terminológicas propias del campo tales como las definiciones de genoma, datos genéticos, gen y ADN.

    A su turno, el director del Laboratorio central de la provincia, Luis Pianciola aseguró que “Neuquén tiene muchas posibilidades para avanzar en este proyecto” y dijo que sería “ocioso” contar con el equipamiento para la investigación microbiológica molecular y no facilitar un registro como el propuesto con esos datos genéticos. Pianciola remarcó la importancia judicial y social del procedimiento genético que permite que un perfil desconocido pueda ser adjudicado a una persona en particular.

    Finalmente, la vocal del TSJ, Soledad Gennari explicó que la provincia creó, mediante ley 2927, el “Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual”. La norma implica dos secciones diferentes. Por un lado, los datos vinculados a los perfiles de ADN de las personas que cometan delitos y, por otro lado, los datos antropométricos y señas particulares de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Ambas secciones están integradas a partir de un software particular, denominado Génesis, que aportó la provincia de San Luis.

    La funcionaria judicial informó que en la actualidad las muestras se envían a analizar a laboratorios privados, lo que constituye un riesgo para la evidencia, y se pronunció a favor de que en el futuro la realice el laboratorio central de la provincia. Además, la vocal del TSJ, remarcó que la base de datos del Poder Judicial en la materia “no es un banco de datos genéticos de amplio espectro” y recordó que no constituye un banco de consulta pública. Aseguró que la propuesta en debate permitirá compatibilizar y “fortalecer” la base con la que opera el Poder Judicial en la actualidad.

    El titular de la comisión, César Gass, informó que el tema será retomado durante las primeras reuniones de comisión del próximo año, considerando que la reunión de hoy fue la última de este año.

    Participaron de la reunión -que se realizó en minoría- César Gass, Karina Montecinos, Teresa Rioseco, Andrés Blanco, Elizabeth Campos, Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu y Leticia Esteves.

    Neuquén, 26 de noviembre de 2020.


    Piden reconocimiento legal de la licencia laboral por violencia de género 26/11/2020
    El bloque del MPN presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Congreso de la Nación que incorpore la licencia especial por violencia de género al “Régimen de Licencias Especiales”, establecido en la ley de Contrato de Trabajo, Nº 20.744.

    Los fundamentos remarcan que se trata de visibilizar y reconocer un derecho laboral que abarca tanto a las mujeres como al colectivo LGTBIQ+ que desempeñan funciones en el sector privado y que son víctimas de hechos de violencia de género.

    Señalan que, ante la necesidad de preservar su fuente laboral, las personas víctimas de violencia deben buscar distintas vías alternativas cuando tienen que ausentarse para cumplir con requerimientos judiciales o administrativos o solicitar medidas de seguridad especiales. Muchas veces deben recurrir a licencias inespecíficas para poder recuperarse de las agresiones, obtener asistencia psicológica y jurídica, iniciar acciones legales o mudarse. Esas licencias inespecíficas, además de invisibilizar la problemática, patologizan y estigmatizan a la persona víctima de violencia de género.

    En ese sentido, subrayan que el reconocimiento legal de la licencia laboral por violencia de género apunta a promover la igualdad de oportunidades en los ámbitos laborales y a contribuir un aporte fundamental para diseño de políticas públicas integrales y transversales de prevención y asistencia a quienes atraviesen situaciones de violencia de género, posibilitando la atención psicológica, física y legal de cada una. A la vez, permite evidenciar que la violencia de género no es un problema individual sino un problema social estructural en el que el Estado tiene responsabilidades.

    La iniciativa “brindará herramientas y generará condiciones que favorezcan la situación que padece la víctima de violencia, garantizándole la estabilidad del empleo, la intangibilidad de sus haberes, la confidencialidad de la información, así como la integración del núcleo familiar en el caso de corresponder”.

    El proyecto (13988) ingresó por Mesa de Entradas el 25 de noviembre y lleva las firmas de Ludmila Gaitán, Liliana Murisi, Lorena Abdala, María Laura du Plessis, Fernanda Villone, Germán Chapino, Maximiliano Caparroz, José Ortuño, Javier Rivero y Carlos Sánchez. 



    Quieren que Neuquén adhiera al “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación” 25/11/2020
    La ley nacional 27.176 instituye cada 11 de marzo como el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación”, y el bloque de diputados y diputadas del MPN presentó un proyecto de ley para que la provincia adhiera a una normativa que promueve la necesidad de dispensar un tratamiento igualitario a mujeres y hombres en los medios masivos de comunicación.

    La norma también hace foco en la necesidad de evitar mensajes estereotipados y en erradicar toda discriminación por género u orientación sexual en los medios de comunicación. En ese sentido, durante el mes de marzo el Ejecutivo provincial deberá diseñar e implementar actividades de capacitación y campañas públicas para concientizar sobre la violencia de género y los mensajes que reproducen la misma en los propios medios de comunicación.

    Sobre este punto, resalta en sus fundamentos que el artículo 6 inc. f) de la ley nacional hace especial mención calificar a la violencia mediática contra las mujeres como toda publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

    También recuerda que norma nacional 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, prevé en su artículo 11 la necesidad de brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres; alentar la eliminación del sexismo en la información y promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otros puntos.

    El proyecto (13987) ingresó por Mesa de Entradas el 25 de noviembre con la firma de las diputadas Ludmila Gaitán, Lorena Abdala, Liliana Murisi, Fernanda Villone, María Laura du Plessis y los legisladores Javier Rivero, Maximiliano Caparroz, Germán Chapino, José Ortuño (MPN) y Carlos Sánchez (UP).  



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