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Notas:
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La obra aborda de manera integral la responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionario públicos. El autor procura demostrar que es posible (y, más aún, indispensable) formular un encuadre jurídico que supere esta diferenciación, a partir de una visión integradora de derecho de daños que asegure a los damnificados una justa protección. Sostiene, conforme a esta perspectiva, que el derecho a la reparación del daño injustamente causado, que tiene basamento constitucional, no permite formular distinciones según que el daño haya sido causado por el Estado o por un particular.
En esta edición se incluyen los impactos de las sanciones de la ley de responsabilidad del Estado nacional (26.944), y del Código Civil y Comercial (ley 26.994).
También agrega un capítulo especial con cuestiones procesales de la responsabilidad del Estado que deben atenderse.
El autor defiende la necesidad de regresar al derecho civil para alcanzar una mejor protección de los débiles y los vulnerables.
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