La comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales (I) emitió despacho al proyecto que se pronuncia en contra del intento de convertir el Banco Nación en sociedad anónima. Lo hizo esta mañana tras la participación de autoridades de la asociación “La Bancaria” que advirtieron que la medida constituye un paso previo a su privatización y ponderaron el alcance territorial de la banca pública en cuestión en todo el país.
La iniciativa que expresa rechazo a la posible modificación de su estructura jurídica, a partir de un decreto presidencial –actualmente suspendido por la justicia- fue presentado por la propia asociación bajo el argumento de que los fundamentos del decreto son “falaces y sin correlato empírico”.
El secretario general y el de relaciones intersindicales del organismo, Francisco Ramón Melo y Adrián Matías Medina aseguraron que el Banco Nación presenta superávit y un alcance federal que no se evidencia en la banca privada. Señalaron que no existe ninguna situación que amerite su transformación a diferencia de lo que fue, en su momento, la reconversión del Banco Provincia del Neuquén (BPN) que además, según remarcaron, fue por ley y no por decreto.
Melo advirtió que sin perjuicio de que la denominada Ley Bases excluye la posibilidad de privatización del banco, el Poder Ejecutivo nacional “insiste” con la firma de un nuevo decreto que constituye “un paso previo a su privatización”; y afirmó que no existe “ningún justificativo” para cambiar su naturaleza jurídica.
En su intervención, detalló que el Banco Nación tiene una planta trabajadora de 17 mil agentes y cuenta con 658 sucursales en todo el país, de las cuales ocho se ubican en la provincia. Destacó su desempeño en el sistema financiero y por caso mencionó que es el primero en captación de depósitos –con 32 billones de pesos-, en la colocación de préstamos –con 13.9 billones-, en su patrimonio neto –con 15 billones- y en activos del sistema financiero –con 48 billones-. Agregó que el balance 2024 lo arrojó en el primer puesto de rentabilidad y bajo tales consideraciones, calificó de “inexacto” el argumento de que se trata de un “banco deficitario que genera pérdida”.
“El Banco Nación es al país lo que el BPN a la provincia” sintetizó Melo al comparar el alcance de las entidades en el interior de las jurisdicciones y el acceso a créditos y servicios bancarios que ello implica para la población menos urbanizada a donde, aseguró, la banca privada no llega “porque no es redituable”. Finalmente recordó que la prestación fue declarada como servicio esencial por lo que deben garantizar su funcionamiento y consideró “un contrasentido” una medida orientada a “quitar ese beneficio” a la población.
A su turno, Medina coincidió en que el decreto “no tiene ningún asidero en la realidad” frente a los números que arroja el funcionamiento del banco y en que representa “un paso previo a la privatización”. Además, reparó en que al BPN se lo reconvirtió “para salvarlo, mientras que al Banco Nación se lo quiere transformar exclusivamente para desguazarlo y venderlo” y subrayó que el Banco Nación no fue creado para generar competitividad en el mercado financiero sino para fomentar el desarrollo productivo mediante financiación y “generar soberanía”.
Al adelantar su acompañamiento al proyecto, la diputada Lorena Parrilli (UxP) dijo que el decreto es una evidencia más de la intención del gobierno nacional de “destruir el Estado” y convocó a defender las instituciones públicas y rechazar toda medida en su contra “tanto en la lucha en las calles como también mediante pronunciamientos institucionales” como lo constituye la declaración en cuestión. Desde el PTS-FIT-U, Andrés Blanco pidió defender las fuentes laborales y avanzar con la nulidad del decreto para que a futuro no se avance en la materia, más allá de la resolución judicial.
A su turno, Yamilia Hermosilla (Comunidad) aseguró que “en este gobierno creemos en las empresas públicas y en su eficiencia” mientras que Damián Canuto (PRO-NCN) votó a favor al cuestionar “el procedimiento” ya que el Congreso nacional excluyó la posibilidad de contemplar su privatización en ocasión de eliminarlo de la letra de la ley bases.
Por su parte, la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) votó en forma negativa al considerar “desacertado” que la Cámara realice pronunciamientos que “tienen que ver con pensamientos políticos y no con datos concretos”.
Tras el debate, el despacho fue aprobado por mayoría, con el único voto negativo de la diputada Buchiniz.
En otro orden, el pleno acordó retomar en una próxima reunión el debate iniciado el año pasado del proyecto “Emplea Neuquén”, remitido por el Poder Ejecutivo.
Neuquén, 18 de marzo de 2025.-