La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J) resolvió solicitar información al poder Ejecutivo respecto a los términos y alcances del acuerdo firmado entre Neuquén, Río Negro y la Nación para la licitación de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El cuerpo lo hará a través de una nota de presidencia, en el marco del tratamiento de una iniciativa para declarar el beneplácito al acuerdo y otra que solicita información sobre sus detalles.
Durante el debate, las y los legisladores destacaron que en los pliegos recientemente publicados se incorporaron exigencias planteadas por la Cámara, como la creación de una mesa de participación y la inclusión del canon por uso del agua dispuesto por ley, consolidando el principio del dominio originario de la provincia sobre sus recursos hídricos.
Al mismo tiempo, se expresaron críticas a la falta de cumplimiento de otros puntos reclamados, en particular el nombramiento de un director provincial en la administración de las represas, figura que finalmente fue reemplazada por la de un veedor, lo que –según señalaron- limita la presencia efectiva de Neuquén en la toma de decisiones.
El diputado César Gass (JxC-UCR) recordó que la Constitución provincial, en su artículo 189 inciso 2, exige que todo convenio con Nación debe contar con el consecuente respaldo legislativo. Al mismo tiempo, advirtió que los 500 millones de dólares que Nación obtendrá a partir de la privatización se destinarán a fortalecer las menguadas reservas en dólares que presenta en la actualidad el Banco Central.
Por su parte, la diputada Cielubi Obreque (MPN) consideró que la información requerida es fundamental dado que el proceso definirá las condiciones de gestión del recurso hídrico por las próximas tres décadas. Destacó que los pliegos contemplan un canon del 2% por el uso del agua en los ríos de Neuquén y del 1% en los cauces compartidos con Río Negro. “Es un reconocimiento concreto al dominio originario de nuestra provincia sobre sus recursos hídricos, una demanda que esta Legislatura viene sosteniendo desde hace años”, sostuvo.
En contra del acuerdo, se expresó el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U), quien cuestionó la decisión de expresar un beneplácito “sin conocer en detalle qué se firmó, ya que este acuerdo marcará la gestión de las represas por los próximos 30 años”.
En la misma línea, el diputado Darío Peralta (UxP) afirmó que el acuerdo representa “una entrega absoluta, porque la provincia no tendrá un representante real en la administración y su concesión queda en manos privadas”. Asimismo, se expresó en contra de volver a privatizar los complejos y remarcó que lo único que obtuvo la provincia fue la figura de un veedor.
La comisión resolvió mantener en estudio los proyectos vinculados al tema hasta recibir la respuesta formal del Ejecutivo.
Despacho al Plan Provincial de Edificios Públicos Sostenibles
A la vez, el cuerpo que preside el diputado Damián Canuto (PRO-NCN) emitió despacho por unanimidad al proyecto de ley que crea el Plan Provincial de Edificios Públicos Sostenibles.
La iniciativa, impulsada por la diputada Obreque, incorpora la gestión integral y el uso eficiente de energía, agua, gas y residuos, y prevé una etapa inicial de relevamiento técnico por ministerio, seguida de la implementación progresiva de mejoras en cada dependencia.
La legisladora compartió un ejemplo técnico elaborado por CALF referido a la instalación de paneles solares en un edificio público. El estudio arrojó que sobre un consumo de 5.717 kWh en un mes, la generación fotovoltaica podría cubrir 3.465 kWh, reduciendo el uso de energía de red a 2.200 kWh, con el consecuente ahorro que ser vería reflejado en la factura del servicio.
El proyecto continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).