En el apartado de Otros Asuntos de la 18° sesión ordinaria, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) criticó a jueces provinciales que —según dijo— se negaron a aplicar la ley de reiterancia -N° 3514- recientemente sancionada por la Legislatura. Bermúdez recordó que junto a su bloque habían remitido una carta al juez Maximiliano Bagnat, de San Martín de los Andes, consultándole el motivo por el que no aplicó la norma a un acusado de narcotráfico, aunque sí lo había hecho en un caso menor. “¿Por qué se le aplica reiterancia a un ladrón de gallinas y no a un narco?”, planteó el legislador.
Explicó que la nota motivó respuestas del Colegio de Jueces del Interior y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que cuestionaron la actitud de los diputados y diputadas por considerarla una intromisión indebida sobre otro poder del Estado. El legislador calificó esas reacciones como “corporativas” y defendió el derecho de la Legislatura a pedir informes o explicaciones.
El diputado hizo referencia a casos concretos de violencia y abuso en los que, dijo, los jueces no actuaron con la firmeza que demanda la normativa. “La ciudadanía espera seguridad, no jueces que beneficien a delincuentes y narcos”, enfatizó.
En su exposición, también apuntó contra el juez de Neuquén, Luis Giorgetti, que no aplicó la ley en un caso particular por considerarla inconstitucional. Recordó que la norma fue votada por amplia mayoría y promulgada por el Ejecutivo, y advirtió que la falta de aplicación genera “puertas giratorias” que ponen en riesgo a la sociedad y a las fuerzas de seguridad.
A su turno, su par de bancada, Damián Canuto bautizó a la asociación que nuclea a los magistrados con el nombre de “La Nicolino”, en referencia al ex campeón del mundo de boxeo, Nicolino Locche, famoso por eludir cuanto golpe le arrojaba el rival dentro del ring. “‘El célebre intocable’, así lo apodaban los admiradores del boxeo”, recordó el legislador.
“A mí me gustaría sugerirles tanto al Colegio de Jueces como a la Asociación de Magistrados que se autodenominen “La Nicolino” para que nos quede claro a todos que son intocables”, expresó Canuto al advertir que ese tipo de sensación le queda ante la respuesta que ambas instituciones tuvieron hacia su bloque por la nota que oportunamente le remitieron al juez Bagnat por su decisión de no aplicar la reiterancia como causal de prisión preventiva.
La crítica del legislador se basó en una decisión interpretativa a partir de la cual el magistrado decidió no aplicar la normativa. “Esta ley, ampliamente trabajada, debatida y difundida, pasa a ser letra muerta en el entendimiento de jueces que en el nombre de la interpretación deciden claramente no aplicar la ley”, cuestionó Canuto.
“Sentíamos la necesidad de una explicación, que nos desasnaran y nos dijeran ustedes no entienden”, remarcó Canuto al definir el sentido de la nota elevada al juez, pero indicó que ciertos magistrados decidieron “matar” a la ley por no sentirse ideológicamente identificados con su contenido.
Al retomar la explicación del calificativo “intocables”, Canuto hizo referencia a la reforma constitucional de 2006 y recordó que los convencionales decidieron incluir en la Carta Magna el Consejo de la Magistratura, órgano extrapoder encargado de preseleccionar jueces, defensores y fiscales y también de evaluar su gestión.
“En nuestra Constitución tenemos letra muerta en el inciso 3 del artículo 251 que prevé que el Consejo de la Magistratura, aunque dice que puede controlar periódicamente a los jueces, no lo puede hacer. ¿Por decisión de quién?, de los jueces”, se interpeló Canuto al advertir la lógica que llevó a que dicho inciso fuera declarado inconstitucional por el propio Poder Judicial.
Lo dijo al señalar que el Tribunal Superior de Justicia justificó la nulidad del inciso porque en la convocatoria a la reforma Constitucional “este tema no había sido taxativamente informado”. “La Nicolino dijo ‘a mí no me evalúa nadie’”, reinterpretó el legislador al reflexionar sobre el tema.
Críticas al gobierno nacional
Desde Fuerza Libertaria, el diputado Alberto Bruno cuestionó los recortes de pensiones por discapacidad, que —según dijo— implicaron más de 110 mil bajas en agosto, equivalente a casi 32 mil millones de pesos por mes. Observó que los ajustes recaen sobre los sectores más vulnerables mientras, en paralelo, se registran irregularidades en torno a contrataciones públicas. Advirtió que el oficialismo nacional “prometió un gobierno distinto y está siendo más de lo mismo, incluso peor que aquellos a quienes vinieron a reemplazar”.
En tanto, el diputado Andrés Blanco (FIT-U) criticó con dureza el “ataque directo a la libertad de prensa y de expresión” por parte del gobierno nacional. Señaló que a través de medidas cautelares y denuncias judiciales se busca censurar el trabajo periodístico, con el objetivo de tapar “el escándalo de las coimas reveladas en audios recientemente difundidos” que comprometen al gobierno.
Neuquén, 3 de septiembre de 2025.