El gobernador Rolando Figueroa presentó dos proyectos de ley para que la Cámara autorice dos nuevas operaciones de crédito público con organismos internacionales cuyos montos serán consignados al desarrollo de infraestructura para equilibrar el desarrollo urbano en la provincia. Una de ellas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la otra con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por hasta 150 millones de dólares cada una.
El monto del préstamo con el BID se destinará al Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat que afrontará obras de infraestructura urbana: servicios básicos, espacio público y equipamiento; obras viales, de movilidad sostenible y de equipamiento de transporte público, y proyectos de regularización dominial de la tierra y la propiedad en barrios populares, capacitaciones y mejora de las herramientas e instrumentos de planificación y reglamentación urbana.
El articulado de la autorización contempla la posibilidad de incrementar en 100 millones de dólares la autorización de endeudamiento dispuesta por la ley 3434, a fin de restituir el monto utilizado para la operación de crédito público concertada con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobado por decreto, quedando su límite máximo nuevamente fijado en 500 millones de dólares.
En tanto, la suma adquirida a través de la operación con el BIRF se destinará al Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo -Fase 1– orientado a fomentar el desarrollo económico regional y la creación de empleo en el turismo y sectores relacionados. El mismo apunta a optimizar la conectividad y el acceso a destinos claves, la mejora de ciertos sitios turísticos y fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo del turismo.
Además, la propuesta faculta al Ejecutivo a modificar el destino de los montos a fin de aplicarlos, todos o parcialmente, a responder a una crisis o emergencia elegible, definida como "un evento que ha causado, o es probable que cause de manera inminente, un impacto económico y/o social adverso importante asociado con crisis o desastres naturales o provocados por el hombre”.
En cuanto a los términos y condiciones, en ambos casos se prevé un plazo total (incluido el plazo de gracia para el pago de capital) de hasta 32 años a partir de la fecha de entrada en vigencia del instrumento; un plazo de gracia para el pago de capital de hasta siete años y una tasa de interés y comisiones que serán aquellas que se convengan en los instrumentos que concreten las operaciones, de acuerdo con los criterios usuales utilizados y publicados por dichos organismos para la línea de crédito de que se trate.
Al fundamentar la operación crediticia con el BID, Figueroa remarca que Neuquén enfrenta grandes desafíos para consolidar un modelo de desarrollo urbano sostenible e inclusivo en sus distintas regiones. La disparidad en materia de infraestructura y servicios urbanos de calidad de los diferentes aglomerados urbanos de la provincia acarrea consecuencias en el desarrollo sostenible con impacto en varias dimensiones vinculadas al hábitat, tales como el acceso a los servicios básicos, la movilidad, la conectividad y el déficit habitacional.
Para afrontar tal situación, el Ejecutivo impulsa el “Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat” que pretende garantizar el acceso a la infraestructura entre las distintas regiones de la provincia y reducir la actual informalidad urbana.
Dicho programa contempla en particular tres componentes principales: construcción o mejora de redes de infraestructura, obras para el aumento de la oferta de suelo urbanizado y de otras complementarias para reducir brechas de acceso a servicios básicos; proyectos de regularización dominial y aumento de la seguridad en la tenencia de la tierra en barrios populares y, finalmente, un tercer componente destinado a planes, estudios, capacitaciones, monitoreo, equipamiento e incorporación de recurso humano para fortalecer capacidades institucionales de gestión y planificación urbana.
La propuesta destaca que las negociaciones con el BID se encuentran en una etapa avanzada, previéndose que el financiamiento ingrese a consideración del Directorio del organismo a comienzos de diciembre. A la vez, aclara que el propósito de la disposición que habilita a restituir una porción del endeudamiento aprobado por ley 3434 responde a una lógica estrictamente técnica y de planificación que es mantener vigente la autorización conferida, asegurando la disponibilidad inmediata de dicha herramienta legal para eventuales proyectos de inversión que pudieran requerir financiamiento futuro.
En tanto, la fundamentación de la operación con el BIRF, el gobernador menciona que el monto se destinará al Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo -Fase 1–, orientado a apoyar el desarrollo económico regional y la creación de empleo en el sector turismo y afines, así como también a constituirse como una posible herramienta para afrontar y actuar de manera efectiva en caso de una crisis o emergencia elegible.
En particular, en el marco de dicho programa y según figura en los fundamentos, se proyecta por ejemplo la pavimentación de 60 kilómetros de rutas provinciales en las regiones del Alto Neuquén y Lagos del Sur; la ejecución de infraestructura para visitantes -estacionamientos, baños, gestión de desechos, señalización interpretativa, senderos peatonales, miradores panorámicos, muelles- en las regiones del Pehuén, Lagos del Sur y Alto Neuquén; y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego mediante la mejora de la infraestructura de base, la capacitación del personal y la adquisición de equipamiento.
Los proyectos de ley (18022 y 18023) ingresaron por Mesa de Entradas el 28 de octubre.