La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para que en las escuelas se garantice la educación libre de toda forma de adoctrinamiento político, partidario o ideológico. La iniciativa surge -según argumenta la legisladora- de los casos detectados de adoctrinamiento ideológico, en los que el docente o la institución induce a los alumnos a una visión política determinada, descalificando alternativas o promoviendo organizaciones gremiales o partidarias.
De esta forma, la propuesta apunta a garantizar la libertad de pensamiento y la neutralidad ideológica al interior del sistema educativo público y privado de toda la provincia. A tal fin, se crea un canal confidencial de denuncia y un régimen de sanciones que abarcan desde el apercibimiento, hasta la suspensión sin goce de haberes hasta 30 días y el cese o exoneración en casos de falta muy grave comprobada.
El articulado define al adoctrinamiento como toda acción o práctica sistemática que, aprovechando la autoridad docente o la estructura institucional, procura inducir a los estudiantes a adoptar una visión política, ideológica o moral determinada, sin permitir el debate plural ni la reflexión crítica.
Además, establece que los contenidos curriculares deberán basarse en criterios científicos, pedagógicos y humanistas, excluyendo cualquier sesgo partidario o ideológico. El Consejo Provincial de Educación (CPE) los revisará periódicamente y supervisará también los materiales de estudio y actividades extracurriculares a fin de asegurar que se correspondan con los principios rectores establecidos en el texto de la ley.
Dichos principios son: la libertad de conciencia y pensamiento; la neutralidad del Estado en materia ideológica; el respeto al pluralismo y a la libre expresión; el derecho de los padres a participar en la orientación moral y educativa de sus hijos y la promoción del pensamiento crítico y el mérito individual.
En los fundamentos, Buchiniz argumenta que este tipo de prácticas no solo introduce contenidos ajenos al propósito formativo sino que además distorsiona la finalidad pedagógica y erosiona la confianza social en el sistema educativo.
En ese marco, la medida –agrega la diputada- no pretende censurar ideas ni restringir la enseñanza plural, sino restablecer los principios de objetividad, meritocracia y libertad educativa, pilares de una sociedad abierta. “Educar no es moldear conciencias sino formar personas libres capaces de razonar, crear y disentir”, sostiene Buchiniz.
El proyecto de ley (18053) ingresó por Mesa de Entradas el 5 de noviembre.