La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho por unanimidad al proyecto de ley que propone reconfigurar las circunscripciones del Poder Judicial de acuerdo al plan de regionalización y formaliza la creación de siete circunscripciones en reemplazo del esquema actual de cinco. Así lo acordó esta mañana el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) en su reunión semanal. El tema continuará su tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto (B).
Se trata de una iniciativa enviada por el Tribunal Superior de justicia (TSJ) que adecúa la estructura territorial de la justicia provincial con lo dispuesto por la ley 3480, de creación del plan provincial de regionalización.
Con esta modificación, la justicia pasará a estar organizada en siete circunscripciones, cuyas denominaciones se corresponderán con las establecidas en la ley 3480: Alto Neuquén; Del Pehuén; De los lagos del sur; Del Limay; De la Comarca; Confluencia y Vaca Muerta. La misma correlación se utilizará para su distribución geográfica.
Al fundamentar el proyecto, Novoa explicó que los Juzgados de Paz mantendrán la competencia territorial dispuesta en la ley 2359 y puso en valor el arraigo y la cercanía con la ciudadanía de esos organismos que –aclaró- conservarán su función social.
También señaló que, una vez promulgada la norma, el Poder Judicial contará con 90 días para reglamentarla, definir modalidades de implementación y establecer mecanismos de flexibilidad operativa para el funcionamiento de las nuevas circunscripciones.
Manejo del Fuego
Por otro lado, la comisión decidió prorrogar el tratamiento del proyecto de ley de manejo del fuego hasta la próxima reunión, para permitir que diputadas y diputados revisen el articulado del dictamen aprobado en la comisión de Medio Ambiente, recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (H) y puedan realizar aportes.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y plantea crear el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, orientado a fortalecer la prevención, el combate y la sanción de conductas que generen incendios forestales y rurales en toda la provincia.
Durante el encuentro se leyó la opinión técnica enviada por la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, en el marco del proyecto.
Pasa al recinto pliego de candidata a defensora penal de Neuquén
En otro orden, los diputados y diputadas habilitaron por unanimidad el pase al recinto del pliego de designación de Solange Del Ponte para el cargo de defensora pública penal, con destino en el Equipo Operativo N°3 de la Unidad Operativa de la I Circunscripción Judicial. Lo hizo tras la entrevista que realiza la comisión a los candidatos y candidatas que resultan seleccionados en los concursos del Consejo de la Magistratura.
La postulante –quien actualmente se desempeña como asesora jurídica de la defensa penal de Neuquén- expuso su trayectoria profesional y respondió consultas sobre reiterancia, narcotest, objeción de conciencia y la baja de la edad de punibilidad.
El tema que generó cruces y la mayor parte de las preguntas fue la ley de reiterancia y su eventual utilización como causal de prisión preventiva. “Encuentro que tiene problemas constitucionales”, dijo la candidata al expresar su opinión personal y señalar que el rol que aspira ocupar implica velar por las garantías constitucionales de los imputados.
La candidata argumentó que, desde la perspectiva de la defensa, la prisión preventiva debe darse en situaciones excepcionales y basarse exclusivamente en los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento, señalados por normativa internacional y la Constitución. En ese sentido, afirmó que la prisión preventiva es para cautelar los riesgos procesales y “no puede funcionar nunca como anticipación de pena”.
Del Ponte indicó que, en caso de acceder al cargo, el desafío como defensora pública será cuestionar si corresponde su aplicación o no en cada caso concreto y con la fundamentación pertinente ante el juez de garantías.
Durante el intercambio, hubo contrapuntos sobre la aplicación de la ley, su constitucionalidad, el concepto de riesgo para la víctima, la interpretación del debido proceso, el respeto de las garantías constitucionales y el alcance de la prisión preventiva, entre otros puntos.
Sobre el narcotest a funcionarios, consideró que es un procedimiento válido y remarcó que se debe hacer con los recaudos del debido proceso.
Aclaró que no tiene objeción de conciencia y que entiende que todas las personas tienen el derecho inalienable de la defensa en juicio.
Consultada sobre la baja de la edad de punibilidad, indicó que es una herramienta que no está basada en criterios objetivos y mencionó que las estadísticas oficiales dan cuenta que los delitos cometidos por menores de 16 años representan un porcentaje muy bajo del total. A la vez, agregó que perseguir penalmente a menores sería contrario al enfoque de protección de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Neuquén, 25 de noviembre de 2025.