El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) presentó un proyecto de declaración que expresa su rechazo a la intensificación de la agresión y la injerencia de Estados Unidos contra Venezuela, bajo el argumento de la “guerra contra las drogas”. La iniciativa señala que ese enfoque se utiliza como excusa para reforzar el despliegue militar y las operaciones encubiertas que afectan la soberanía del pueblo venezolano.
En los fundamentos, el legislador sostiene que, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se reactivaron sanciones económicas, se incrementó la presencia militar en el mar Caribe y se ampliaron las amenazas de intervención directa por tierra y aire, junto con operaciones encubiertas en la región. En ese marco, menciona ataques con misiles y bombardeos sobre embarcaciones calificadas como “lanchas de narcotráfico” desde septiembre de 2025, que habrían provocado al menos 83 muertes, y que la propia ONU describió como “ejecuciones extrajudiciales” en una “nueva fase” de presión militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Agrega que esa ofensiva busca reafirmar a América Latina como “patio trasero del capitalismo estadounidense” frente a la competencia de otras potencias, en particular Rusia y China. A la vez, responsabiliza a Trump por las acciones militares y sanciones, y por el trato hacia las familias inmigrantes venezolanas en Estados Unidos. El proyecto cuestiona además a sectores de la oposición venezolana de derecha que han apoyado las sanciones y las nuevas medidas de presión internacional.
En otro tramo, aclara que el rechazo a la injerencia de Estados Unidos no implica respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Señalan que, pese a su discurso “antiimperialista”, aplica un ajuste que mantiene el salario mínimo por debajo de un dólar y sostiene acuerdos con corporaciones estadounidenses como Chevron, Sunergon Oil y Shell sobre recursos estratégicos como la Faja Petrolífera del Orinoco. También advierten que la represión estatal y la violación de derechos de trabajadores y sectores populares debilitan la soberanía nacional.
“Estados Unidos no tiene derecho a violar la soberanía de otro país ni a lanzar acciones militares en su territorio”, señala el legislador.
El proyecto (18122) ingresó por Mesa de Entradas el 11 de diciembre.