La comisión de Asuntos Laborales analizó hoy por la mañana la iniciativa que prevé un régimen sancionatorio para prevenir, erradicar y proteger al personal de salud de la provincia. Durante el debate, diputados propusieron incorporar sistemas de videovigilancia en áreas críticas, equiparar el monto de las multas a las aplicadas por la ley que protege al personal docente y no docente –N°3522-, dotar a la normativa de una instancia de apoyo psicológico y emocional al personal afectado y garantizarle a un agresor el derecho a ser atendido en un nosocomio, a pesar de contar con una medida de restricción o de acercamiento.
El presidente del cuerpo, Francisco Lepore (Avanzar) explicó que la intención es poder incorporar los aportes que efectúen los distintos bloques parlamentarios y comenzar a diagramar una agenda para conocer la opinión de funcionarios de la cartera sanitaria; directores médicos que ejerzan en distritos considerados problemáticos; y trabajadores y sindicatos relacionados con la atención médica.
“Tenemos que poner en común todas las observación”, sostuvo Lepore al hacer mención a la metodología de trabajo y reafirmar la voluntad del interbloque oficialista de poder avanzar en una normativa particular para garantizar la seguridad del personal del sistema de salud ante el incipiente crecimiento de denuncias por violencia que afectan la labor dentro del sistema sanitario.
Así lo explicitó el diputado luego de que los legisladores Brenda Buchiniz (Cumplir), Lorena Parrilli (UxP) y César Gass (JxC-UCR) plantearán la necesidad de circunscribir el debate sobre la aplicación de sanciones y multas a la discusión que se dará en el momento en que se trate en el ámbito legislativo una modificación integral del Código Contravencional provincial.
“No queremos dilatar debates que en la actualidad consideramos impostergables”, justificó Lepore al informar que ya le requirió a funcionarios de la cartera sanitaria estadísticas sobre hechos de violencia registrados y lugares o áreas de trabajo en los cuales se verifica una índice mayor de conflictividad.
En su intervención, Buchiniz argumentó su postura de avanzar en la sanción de una legislación más integral, como la que implica la elaboración de un nuevo Código Contravencional, y no incurrir en normas acotadas a grupos específicos. “No hagamos una ley para cada grupo que se ve damnificado”, acotó. En ese sentido, añadió que el tiempo no debería ser un obstáculo al recordar que la provincia aún no reglamentó la iniciativa destinada a proteger al personal del sistema educativo.
A su turno, el legislador del MPN, Gerardo Gutiérrez realizó una serie de propuestas para incorporar a la normativa, entre ellas garantizar el acceso a servicios de apoyo emocional y psicológico al personal afectado por situaciones de violencia; incorporar al régimen de protección a residentes y practicantes; desplegar un sistema de videovigilancia en áreas críticas o consideradas de alta conflictividad y crear un registro o un observatorio destinado a recopilar estadísticas derivadas de situaciones violentas dentro del sistema sanitario.