La comisión de Desarrollo Humano y Social (C), presidida por la diputada Verónica Lichter (PRO-NCN), avanzó con el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para implementar exámenes toxicológicos en los trabajadores de la salud. En ese marco, el cuerpo recibió a Daniel Daglio, coordinador regional del Ministerio de Salud de la provincia, quien expuso los alcances de la iniciativa.
Al hablar, el funcionario explicó que el proyecto alcanza al personal que se desempeñe en áreas críticas, con el objetivo de prevenir consumos problemáticos y garantizar la seguridad de los pacientes durante la atención. En ese sentido, aclaró que no tiene un enfoque punitivo sino preventivo y de acompañamiento. “Nuestra perspectiva es la seguridad del paciente y la calidad de atención”, sostuvo, y remarcó que “un equipo de salud que se encuentra bajo el efecto de drogas no tiene la capacidad de brindar una atención segura a los pacientes”.
Daglio señaló que el consumo problemático en el ámbito sanitario es una problemática reconocida a nivel mundial y advirtió que determinadas especialidades presentan mayor vulnerabilidad debido a las condiciones laborales. Mencionó especialmente a anestesiología, terapia intensiva y emergencias, donde el acceso cotidiano a sustancias de alta dependencia y el nivel de exigencia emocional aumentan los factores de riesgo.
En ese sentido, indicó que la propuesta establece controles obligatorios universales para todo el personal de salud de áreas críticas, con una primera instancia de testeo dentro de los 180 días de entrada en vigencia de la norma y posteriores controles periódicos, programados o por sospecha fundada.
Además, contempla un registro provincial específico, la creación de un comité técnico asesor integrado por representantes del sistema público y privado, y mecanismos de acompañamiento para quienes deban iniciar tratamientos por adicciones, incluyendo la posibilidad de reincorporación laboral posterior.
Al hablar, Lichter remarcó que el objetivo del proyecto es garantizar la seguridad del paciente y mencionó que, en caso de sancionarse, Neuquén será la primera provincia en contar con una normativa sobre el tema.
El diputado Ernesto Novoa (Comunidad) respaldó la iniciativa y subrayó que el eje central debe ser la protección del paciente. En ese sentido, agregó que no prevé “una cuestión de represión o de castigo”, sino el acompañamiento profesional y humano para quienes atraviesen una adicción.
Por su parte, el diputado César Gass (JxC-UCR) planteó que el abordaje debería extenderse a todas las especialidades médicas y no limitarse a áreas críticas. Consideró que un consumo problemático vinculado al alcohol o a otras sustancias puede afectar también a profesionales fuera de esos sectores.
Desde Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz expresó reparos sobre el alcance del proyecto y pidió mayor información sobre la aplicación de la ley 3531, que estableció exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado para evaluar la viabilidad de una medida similar en el sistema de salud. También cuestionó la inclusión de personal de limpieza, mantenimiento y servicios.
El diputado Darío Peralta (UxP) propuso solicitar informes a distintos actores del sistema de salud y sectores involucrados, con el objetivo de conocer su posición frente a la iniciativa, y planteó la necesidad de fijar criterios claros para la implementación de los controles y evitar interpretaciones discrecionales.
En tanto, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) consideró importante conocer si existen casos verificables en los que el consumo de sustancias por parte de personal de salud haya tenido consecuencias en los pacientes, y advirtió sobre el riesgo de avanzar sin información sistematizada. Además, planteó invitar a los sectores involucrados participen del debate en comisión para aportar su mirada sobre el alcance y las implicancias de la iniciativa
Por otro lado, la comisión inició el análisis de la propuesta de la diputada Carina Riccomini (Juntos) para crear el Programa Provincial de Atención Integral de Personas Gestantes en Situación de Consumo Problemático y Protección del recién nacido.
Al fundamentar, Riccomini sostuvo que la idea del proyecto no es punitivo, sino que es sanitario y preventivo. En este aspecto, destacó que busca acompañar, detectar a tiempo y reducir, daños con el fin de garantizar el cuidado integral de la persona gestante y del recién nacido.
Por lo cual, la legisladora señaló que el consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo tiene que ser abordado desde una perspectiva integral, que englobe los efectos biológicos, las condiciones sociales, emocionales y vinculares que inciden en la capacidad de cuidado.
Riccomini contó que al empezar la investigación de la problemática tomó conocimiento de la existencia del “consultorio 21 consumo y embarazo de alto riesgo” que funciona en el hospital Castro Rendón, y está integrado por un equipo interdisciplinario que busca tratar el consumo problemático de sustancias durante la gestación.
Al respecto, informó cómo es el abordaje del “consultorio” con la persona gestante y añadió que trabaja en conjunto con otras especialidades.
La legisladora también habló de los artículos del proyecto, entre los cuales mencionó que el Programa prevé objetivos como la detección temprana de situaciones de consumo durante el embarazo, garantizar el acceso a controles prenatales integrales y específicos; brindar acompañamiento interdisciplinario a la persona gestante; detectar la exposición a sustancias psicoactivas,en recién nacidos y promover la continuidad del cuidado en el período postnatal, entre otros.
Durante el debate, los diputados y diputadas resolvieron solicitar informes e invitar a referentes de Salud y del Ministerio Público de la Defensa.
Neuquén, 29 de abril de 2026.