El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) presentó un proyecto en repudio a las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo Nacional a la Ley Nacional de Salud Mental, en tanto retroceso en materia de derechos humanos y en el modelo de atención comunitaria.
En los fundamentos, el legislador recuerda que el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso, días atrás, un proyecto para reformar la ley Nº 26.657, que asegura el derecho a la protección de la salud mental y los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. La norma vigente, sancionada en el 2010, incluyó importantes transformaciones en el paradigma de atención en salud mental ya que, por primera vez en el país, se determinó que las personas con padecimiento mental son sujetos de derecho y no objetos de tutela médica o judicial, explica el diputado.
Más adelante, menciona el alcance y los ejes principales del marco normativo, entre ellos la promoción de la atención en hospitales generales para favorecer la interdisciplina y la limitación de las internaciones, que deben ser excepcionales y por el menor tiempo posible. Además, pone el foco en la promoción y la prevención, apuntando a reemplazar el sistema manicomial por dispositivos comunitarios que garanticen que el abordaje de los padecimientos de salud mental no produzca una ruptura con la vida comunitaria, argumenta Blanco.
Frente a tal escenario –advierte el diputado-, la reforma impulsada por el oficialismo nacional constituye un “retroceso” en tanto se aplican enfoques más restrictivos, medicalizantes y coercitivos, retomando concepciones ideológicas de la patologización de la salud mental y el retorno al modelo centrado en la enfermedad y las "adicciones". Cualquier modificación en ese sentido vulnera los principios de autonomía, consentimiento informado y abordaje comunitario consagrados por la ley vigente, concluye el legislador.
El proyecto de declaración (18317) ingresó por Mesa de Entradas el 5 de mayo.