Diputados y diputadas de distintos bloques políticos presentaron un proyecto de resolución para crear una comisión especial de reforma del Código de Procedimiento Minero de la provincia. El cuerpo estará integrado por representantes de los tres poderes del Estado tendrá a su cargo el estudio de las modificaciones al régimen minero provincial, establecido por las leyes 260 y 902, y la elaboración de un texto unificado a partir de la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo que ya se encuentra en tratamiento.
La comisión especial estará integrada por legisladoras y legisladores, dos representantes de la Presidencia de la Legislatura, dos funcionarios designados por el Ejecutivo y representantes del Poder Judicial. Además, podrá convocar a quienes considere pertinente para participar de las deliberaciones. Algunas de sus funciones serán definir mecanismos de participación de los distintos sectores, organizar los debates y establecer una metodología de trabajo que contemple la regionalización de la provincia. También deberá llevar un registro de las deliberaciones y aportes recibidos, que posteriormente quedarán resguardados en el Archivo Central de la Legislatura.
La propuesta establece un plazo de funcionamiento de seis meses, prorrogable por otros seis, y dispone que la comisión será presidida por el titular de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones. El análisis deberá orientarse a la actualización del marco normativo para acompañar el crecimiento de la actividad minera, brindar previsibilidad a los actores del sector y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales bajo criterios de sustentabilidad, transparencia y responsabilidad institucional.
Los fundamentos señalan que el proyecto enviado por el Ejecutivo, actualmente en tratamiento legislativo, generó intercambios de opiniones entre distintos sectores relacionados con la minería. En ese sentido, consideran necesario ampliar las instancias de consulta debido a la complejidad de la modificación normativa y sus implicancias para la actividad.
Asimismo, recuerdan que la ley 902, vigente desde 1975, fue sancionada en un contexto jurídico, tecnológico y productivo diferente del actual. La reforma plantea adecuar los procedimientos mineros a los cambios constitucionales, las exigencias ambientales y las nuevas herramientas de gestión pública, así como fortalecer las garantías procesales y el control judicial.
En los fundamentos, los autores señalan que la complejidad y trascendencia de la reforma de un código de procedimiento requieren ampliar las instancias de consulta y participación de los sectores públicos y privados vinculados con la actividad.
El proyecto de resolución (18729) ingresó por Mesa de Entradas el 15 de octubre firmado por Damián Canuto, Verónica Lichter, Mercedes Tulián (PRO-NCN); Ramón Fernández, Juan Sepúlveda, Patricia Fernández (MPN); César Gass (JxC-UCR); Mónica Guanque, Cecilia Papa; (Democracia Neuquén); Yamila Hermosilla, Luz Ríos, Ernesto Novoa, Zulma Reina (Comunidad); Brenda Buchiniz (Cumplir); Alberto Bruno, y Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria).