La subcomisión especial de reforma del Código Procesal de Familia recibió hoy la parte final del documento elaborado por la jurista Mariel Molina de Juan, instrumento que regirá la Justicia de Familia en la provincia. En la ocasión, se analizaron los capítulos vinculados a violencia familiar y adopción. Se prevé que el documento final tome estado parlamentario en la tercera sesión de noviembre, para su posterior tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A).
Sobre violencia familiar, Mariel Molina de Juan detalló que las innovaciones que se incluyeron “buscan garantizar una respuesta inmediata, cercana y especializada para las víctimas, con un enfoque prioritario en la atención de urgencias y el trabajo interdisciplinario”.
El proyecto busca que los juzgados pasen a llamarse Juzgados de Familia y Violencia Familiar. “Esta identidad busca facilitar el acceso a la ciudadanía, que podrá identificar con claridad la oficina adecuada según la situación de violencia que atraviese”, explicó.
Al respecto, remarcó la importancia de una “mirada conjunta de profesionales de distintas áreas” en la materia. Así, señaló que el nuevo proceso faculta al juez a dictar una medida de protección a partir del informe de riesgo que elabora dicho equipo técnico interdisciplinario.
En otro tramo, detalló que al momento de la sentencia, tras el informe del equipo especializado, el juez deberá considerar una serie de principios, tales como evitar la revictimización y asegurar la asistencia jurídica gratuita en la etapa de denuncia.
Molina de Juan anticipó que las medidas son apelables, pueden ser modificadas para garantizar su cumplimiento en situaciones particulares y que el demandado puede solicitar su levantamiento, al aducir que ya no puede ejercer un riesgo concreto en contra de la víctima.
La especialista sostuvo que los tiempos para interponer un recurso de apelación tienen un plazo de hasta tres días y que, si la intención es recurrir la medida en su totalidad, el pedido se deriva a una segunda instancia. También advirtió que su incumplimiento podría derivar en un arresto, en caso de que el juez así lo considere.
Al referirse a la instancia de audiencias, Molina de Juan indicó que las mismas se pueden convocar para resolver o negociar medidas de protección relacionadas a alimentos, régimen de parentalidad o para definir dinámicas cotidianas propias de la familia. Sostuvo que el llamado a comparecer de las partes debe ser por separado y en ellas el juez debe fijar un acuerdo.
Proceso de adopción
En materia de adopción, Molina de Juan resaltó que el título se adecuó el procedimiento a lo establecido por el Código Civil Comercial de la Nación, norma madre reguladora en la materia. “La principal manda que rige el proceso es la de que todo trámite debe evitar demoras, reiteración de evaluaciones y disposiciones innecesarias”, ello con el fin de garantizar agilidad, explicó.
La letra final contempla tres supuestos diferentes: cuando el niño o niña no tiene filiación determinada, cuando hay manifestación de los progenitores para la adopción y cuando no se alcanzó una vinculación positiva.
Para el primer caso, la jurista destacó como novedad la garantía de exteriorizar las alternativas de cuidado en ámbitos familiares sobre la institucionalización.
Respecto de los casos en los que se manifiesta la voluntad de los progenitores, la propuesta sugiere evitar múltiples instancias posteriores de ratificación una vez expresada la voluntad y otorgado el consentimiento debidamente informado y suscripto. A la vez, detalla el acompañamiento interdisciplinario de profesionales durante el proceso.
Finalmente, en cuanto a situaciones con resultados negativos, se delimitan medidas excepcionales con detalle respecto del trámite, la situación a la audiencia previa, hasta la sentencia de situación de adoptabilidad con una vía recursiva, cuyo plazo procesal no podrá superar los 20 días. “Es una enorme aspiración, pero es la forma para evitar el gran problema de la demora” en los procesos adoptivos actuales, aseguró.
La reunión fue presidida por el diputado Carlos Coggiola y contó con la participación de la secretaria de la Subcomisión, diputada Cielubi Obreque. Asimismo, estuvieron presentes el diputado Francisco Lepore y la diputada Patricia Fernández. Lo hicieron también la coordinadora de la subcomisión, Aylén Aimar; los representantes de la presidencia del Poder Legislativo, Ramiro Benítez y Victoria Rezzónico; del Ejecutivo, María Laura du Plessis y Nadia Carolina Lourdes Casal; del Judicial, Carla Pandolfi; del Ministerio Público de la Defensa, su titular Vanina Merlo y la defensora Alejandra Vidal; por la Asociación de Magistrados, Eliana Fortbetil y Verónica Lazzaro Zgaib; por la Universidad Católica de Salta, María Gabriela Ávila; por el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, Marcelo Iñiguez y Adriana Almendra y por la Dirección de Planeamient o de la Policía, el oficial principal Marcelo Carabajal.
Neuquén, 23 de octubre de 2026.