La comisión de Desarrollo Humano y Social votó por unanimidad el despacho del proyecto presentado por el gobernador Rolando Figueroa para adherir a la ley nacional 26906 que implementa un sistema de trazabilidad con el objetivo de conocer el recorrido de los medicamentos. El despacho fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales para continuar su tratamiento.
Al fundamentar el proyecto, el diputado Francisco Lépore (Avanzar) explicó que el sistema permitirá tener un control exhaustivo en las etapas de creación, distribución y comercialización de los medicamentos. En ese sentido, destacó que el objetivo es asegurar el derecho a la salud y contar con un sistema que permita detectar la ubicación de algún medicamento que tenga que ser retirado del circuito comercial.
A la vez, el cuerpo que preside la diputada Verónica Litcher (PRO – NCN) comenzó a analizar otras dos iniciativas del Ejecutivo. Se trata del proyecto que establece un régimen de formación de talento humano para el sistema público de salud, para cuyo tratamiento se acordó invitar a representantes del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune), de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue y a instructores de residentes. También se enviará una nota al Ministerio de Salud, a través de la presidencia, para consultar las obras y equipamientos necesarios para el cumplimiento de la ley que implicará la incorporación de residentes.
El otro proyecto del Ejecutivo que comenzó a debatirse en la comisión es el que busca fortalecer el recupero financiero del sistema público de salud a través de la modificación de los artículos 8°, 10° y 16° de la ley 3012 –de arancelamiento hospitalario-.
El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) criticó la iniciativa al considerar que instala la idea de un hospital de “autogestión” que le quita responsabilidad al Estado que es quien debe garantizar el derecho a la salud.
Al respecto, Lépore subrayó que el sistema público no lucra con la salud sino que presta un servicio que es un derecho constitucional y planteó que “lo que sí está en juego es la utilización del sistema público por parte de empresas que les cobran a sus afiliados por servicios médicos que muchas veces no tienen atención privada en determinados lugares y la canalizan a través del sector público”.
Desde el FdTN, Darío Peralta señaló que se trata de una ley que le da a cada hospital la posibilidad de tener un recurso propio genuino para afrontar alguna necesidad inmediata, sin que eso le quite responsabilidad al Estado para garantizar el derecho a la salud.
En otro orden, el cuerpo analizó un proyecto de la diputada Carina Riccomini (Juntos) en repudio a los hechos de violencia contra la ex intendenta de Las Lajas, María Espinosa, y contra la ex concejala de Bajada del Agrio, Vanesa Vinez. La comisión enviará notas a la Justicia Electoral y al Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres para saber si los organismos tomaron conocimiento de lo ocurrido.