La diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto para que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias de los tres Poderes del estado adquieran el carácter de pública y sean, por tanto, accesibles a la ciudadanía. La medida contempla publicidad de información sobre inmuebles, bienes, inversiones, depósitos y créditos, dentro y fuera del país, entre otros patrimonios y prevé como sanción para quienes incumplan, la imposibilidad de ejercer nuevamente la función pública y el juicio político.
La medida, que alcanza también a empleados y empleadas estatales que intervengan en el manejo y administración de fondos públicos, prevé la presentación al inicio y al final de la función pública. Los sujetos y organismos alcanzados serán los tres Podres del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, el BPN, empresas y entes con participación estatal, el Consejo de la Magistratura, municipios y sindicatos.
La iniciativa prevé la presentación bajo un formato similar a la declaración de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, y contempla una sección con carácter de “reservada” que contendrá la información en la materia correspondiente a cónyuges, convivientes e hijos menores no emancipados.
En la declaración, se detallarán en especial los inmuebles en el país y en el exterior; los derechos reales constituidos sobre bienes; las naves y aeronaves de matrícula nacional y extranjera; los autos; los bienes muebles registrados en el país y los transitorios del extranjero; los bienes personales; el dinero y los depósitos en dinero; los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados; los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país; las monedas virtuales o digitales, los criptoactivos o similares; los créditos, cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en el país; los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas; los depósitos en instituciones bancarias del exterior y los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero.
En cuanto a la metodología, la propuesta prevé la presentación en sobre cerrado, bajo constancia, ante la respectiva oficina de personal, la que deberá remitir dicha documentación -junto con un listado de los sujetos obligados bajo su órbita- a la Escribanía General de Gobierno, informando los incumplimientos si los hubiera. La Comisión Especial de Auditoría, creada por la propia ley, inspeccionará las declaraciones juradas en cuestión y, en caso de corresponder ante incumplimiento y detección de delito contra la administración pública, formulará la denuncia penal.
Finalmente, se establece que las declaraciones juradas serán de carácter público, de libre acceso, y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través del sitio de internet de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación.
En los fundamentos, la legisladora asegura que la propuesta apunta a garantizar un “real monitoreo en la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, lo cual previene y detecta eventuales conflictos entre intereses privados y el sector público”. Lo hace tras asegurar que “es innegable que la corrupción en Argentina es un problema estructural” y cuestionar que en la provincia los representantes “gozan de los beneficios de un régimen de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales muy poco exigente”, que data de 1958.
En efecto, dicha ley que no tuvo modificaciones en más de 60 años de vigencia, establece el carácter de “secreta” de las declaraciones en cuestión, las que solo pueden abrirse en caso de investigaciones por enriquecimiento ilícito o a requerimiento de un juez competente, “algo que rara vez sucede”, sostiene Buchiniz.
El proyecto de ley (16612) ingresó por Mesa de Entradas el 9 de abril.