El diputado César Gass (JxC) presentó un proyecto para crear la Defensoría de los derechos de las personas mayores en la órbita del Poder Judicial. El organismo, con presencia en las cinco circunscripciones, deberá velar por la promoción y protección de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial, leyes nacionales y provinciales.
Dicha Defensoría estará a cargo de un titular que deberá ser profesional de la abogacía especializado en tercera edad y tendrá la misma jerarquía que la de un juez o jueza de primera instancia. Reunirá los mismos requisitos que el Defensor o Defensora Civil y contará con un equipo conformado por defensores adjuntos, personal profesional de distintas ramas con incidencia en la materia y administrativo.
El articulado define las funciones del nuevo organismo, entre las que figuran la defensa de los derechos del grupo etario en cuestión; el asesoramiento jurídico; la interposición de acciones para la protección de los derechos individuales, amparo, hábeas data o hábeas corpus, en cualquier instancia o tribunal, en defensa de los intereses sociales e individuales no disponibles relativos a las personas mayores; la inspección de entidades públicas y particulares de atención y los programas, adoptando prontamente las medidas administrativas o judiciales necesarias para la remoción de irregularidades comprobadas que restrinjan sus derechos.
La normativa aclara que, en el procedimiento penal, la intervención de quien ejerza la defensoría de los derechos de las personas mayores no desplazará al defensor penal y hace lo propio al fijar en 60 años el mínimo de la tercera edad - de acuerdo a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores-.
Los fundamentos aluden al incremento de la esperanza de vida en la población y en particular menciona que, en la provincia, casi el 10% de la población supera los 60 años de vida. Bajo tal escenario, es necesario introducir “cambios estructurales” para dar respuesta a las necesidades y demandas de dicha franja poblacional.
Más adelante recuerdan que la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores establece que los Estados parte deben adoptar medidas para cumplir con los principios que de allí derivan y mencionan por caso la creación de instituciones públicas especializadas en la materia.
El proyecto de ley (17550) ingresó por Mesa de Entradas el 7 de abril.