El diputado Francisco Lepore (Avanzar) presentó un proyecto para introducir cambios en el Código Procesal Civil y Comercial –ley 912- orientados a agilizar el servicio de justicia en cuanto al cumplimiento de los preceptos de obligación alimentaria.
A tal fin, la iniciativa introduce nuevas herramientas procesales entre las que se destacan la obligación de fijar alimentos provisorios en el primer auto del proceso y la introducción de una instancia de conciliación previa, de carácter confidencial y no adversarial, para fomentar el diálogo y el acuerdo entre las partes antes de recurrir a la vía judicial.
A la vez, la reforma fortalece el régimen sancionatorio frente a la incomparecencia o el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. En ese marco, se prevén multas, así como la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios y otras medidas complementarias que refuerzan el carácter obligatorio y urgente de la prestación alimentaria. Dichas disposiciones se orientan a impedir conductas evasivas que perpetúan la desigualdad y afectan directamente a quienes requieren de estos recursos para subsistir, fundamenta Lepore.
Asimismo, se incorpora la posibilidad de que el juez utilice parámetros objetivos para estimar el monto de la cuota alimentaria, asociados a los valores de la Canasta de Crianza establecida por el INDEC o por organismos provinciales de estadística. El criterio establecido permitirá ajustar la decisión judicial a la realidad socioeconómica y al costo real de vida de los menores de edad, brindando mayor equidad y previsibilidad en las resoluciones, argumenta el legislador.
Finalmente, el proyecto le otorga al Poder Judicial herramientas más eficaces para la ejecución de las sentencias y el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias a través de la posibilidad de ordenar embargos, ventas de bienes y otras medidas de ejecución directa.
La medida –afirma el diputado en los fundamentos- busca otorgar de mayor “celeridad, eficacia y justicia sustantiva” al servicio de justicia, “corrigiendo dilaciones que, en la práctica, afectan gravemente a quienes dependen del cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias”.
El proyecto de ley (17713) ingresó por Mesa de Entradas el 11 de junio.