La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) aprobó por unanimidad el despacho de un proyecto para modificar la ley de creación del Ente Compensador Agrícola (ECA) –N° 3001-. Se trata de una propuesta remitida por el Ejecutivo provincial a fines del año pasado con el objetivo de reformar varios artículos de la norma que asiste y compensa a los productores agrícolas ante situaciones adversas, principalmente las provocadas por el granizo.
La iniciativa ya venía con dictamen favorable de la comisión Producción, Industria y Comercio (E) y continuará su tratamiento en la de Hacienda y Presupuesto (B). En la reunión, se acordó incorporar al texto que los productores con litigios judiciales activos contra el ECA no podrán ser beneficiarios de los programas de la ley.
Las modificaciones propuestas a la ley 3001 buscan ajustar el funcionamiento del ECA y asignar la administración del Fondo de Financiamiento de la Actividad Agrícola Intensiva Bajo Riego al Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), entre otros aspectos.
En otro orden, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) retomó el tratamiento de una iniciativa del diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) para que las facturas de servicios públicos incluyan información clara y detallada sobre el estado de la cuenta del usuario o contribuyente.
El legislador recordó que el objetivo es garantizarles el acceso a información precisa para evitar intereses o multas derivados de errores administrativos o falta de comunicación por parte de las entidades. “Esto es en defensa de los usuarios y contribuyentes”, afirmó Bermúdez. En ese sentido, recalcó que la propuesta busca que “cada uno se haga cargo de su responsabilidad, pero no que la empresa o el fisco delegue su responsabilidad al usuario o al contribuyente a través de intereses, cortes o multas”.
El debate incluyó aportes de algunos legisladores sobre la forma de notificar deudas anteriores, y observaciones sobre el carácter que pueda otorgarle a la factura desde el punto de vista jurídico. También hubo planteos a favor de mantener el espíritu original del proyecto y establecer que los prestadores informen la situación del usuario o contribuyente al momento de la facturación para evitar sorpresas.
El proyecto continuará su tratamiento en la comisión con el objetivo de avanzar en ajustes de redacción para lograr consensos.
Por otro lado, la comisión retomó el análisis del proyecto que fomenta la Economía Circular a través de la creación de un plan provincial. La diputada Paola Cabeza (MPN) recordó que la iniciativa busca establecer un marco general para regular y promover prácticas de reutilización, reciclaje y reducción de residuos, con especial foco en cooperativas y recuperadores. El cuerpo acordó mantenerlo en comisión a la espera de incorporar nuevos aportes del Ministerio de Economía.
No obstante, durante el debate, se plantearon observaciones sobre el alcance del beneficio y advirtieron la necesidad de delimitarlo para evitar que industrias no vinculadas directamente con los objetivos ambientales —como las ligadas a hidrocarburos— puedan acceder a incentivos.
En la misma reunión, se debatió además un proyecto presentado por el diputado Alberto Bruno (Fuerza Libertaria) para establecer la obligatoriedad de exhibir carteles informativos que indiquen los subsidios, aportes o contribuciones económicas que reciben instituciones, asociaciones y clubes por parte del Estado provincial. La iniciativa dispone que los carteles deberán mostrar el porcentaje del financiamiento recibido, la norma o ley presupuestaria que lo respalda y un código QR que permita acceder a una web oficial con la información detallada.
El legislador explicó que la propuesta busca garantizar transparencia y control ciudadano sobre el uso de fondos públicos. Durante el debate, se realizaron aportes para precisar el alcance de la medida y se analizó la conveniencia de informar los montos en lugar de los porcentajes. También se sugirió incluir la pérdida del aporte como sanción en caso de incumplimiento.
El proyecto permanecerá en comisión.
Neuquén, 12 de agosto de 2025.