Presentaron un proyecto de ley para crear en la provincia un sistema de responsabilidad integral para casos de afectación del orden público. La iniciativa pertenece al particular Lisandro Calvo y dispone que el Estado debe intervenir ante cualquier tipo de conducta que genere algún tipo de daño o riesgo al orden público.
En ese sentido, la normativa también prevé recursos administrativos tendientes a reparar este tipo de acciones y obliga al Estado a actuar en caso de haber una prueba inicial suficiente. Sobre este punto, concibe que debe ser catalogada como responsabilidad institucional cualquier inacción o dilación injustificada por parte de las instituciones públicas que deben intervenir.
De igual modo, el proyecto califica de irrelevante la edad o condición de la persona que lleve adelante el acto delictivo y determina que su reiterancia en la afectación del orden público habilita la progresividad de las sanciones. Aclara también que queda habilita la actuación estatal, aun cuando el hecho no configure un delito penal o se encuentre en etapa de investigación.
En tanto, destaca que si la mala conducta proviene de un funcionario público, agente estatal o personal jerárquico de la administración pública, las medidas previstas se aplicarán con criterio agravado, atento al mayor deber de cuidado, legalidad y ejemplaridad institucional. Añade en su articulado instancias de reparación, entre las que incluye trabajo reparador, afectación de ingresos, decomisos u otras modalidades razonables que puedan incorporarse en la instancia de reglamentación.
El proyecto (18129) ingresó por Mesa de Entradas el 22 de enero.