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Buscan implementar un protocolo de blindaje procesal contra la violencia de género

Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para establecer el “Protocolo de Reacción Inmediata y Blindaje Procesal” de aplicación obligatoria en los organismos del Poder Judicial, en los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, y en la Policía provincial. La iniciativa fue presentada por el ciudadano Carlos Polastri.

Bajo la premisa de que "el Estado ha fallado al esperar el rastro de sangre para actuar", presentó el proyecto de abordaje integral de la violencia de género. La iniciativa propone una reforma radical del sistema de protección provincial e introduce figuras legales inéditas y elimina la discrecionalidad judicial frente al riesgo de vida.

En los fundamentos, su autor sostiene que la norma propone intervenir en la violencia que no se ve, para lo cual plantea incorporar la figura de "violencia por opresión de la voluntad", que es aquella que somete a la persona en sus decisiones, gustos o necesidades, anulando su libertad de acción antes de que exista una agresión física.

Con respecto al Protocolo de Reacción Inmediata, precisa que estará compuesto por la integración de inteligencia de datos y alerta temprana —el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad implementarán herramientas de análisis del expediente digital para identificar patrones de escalada de violencia; por células de intervención inmediata —a través de unidades operativas con capacidad de dictar medidas de protección de emergencia en el lugar del hecho—; y por el blindaje de estabilidad habitacional —el Estado garantizará la custodia perimetral del inmueble asignado a la víctima, eliminando la carga de seguridad sobre la persona agredida—. 

Este protocolo obligatorio conecta de forma automática a la policía, la justicia y los centros de salud. Asimismo, establece que el Estado tiene el deber de investigar y proteger de oficio, incluso si la víctima se retracta por miedo o coacción. 

El incumplimiento de los pasos procesales por parte de jueces, fiscales o policías será considerado una falta gravísima contra la administración de justicia.

El proyecto de ley (18142) ingresó por Mesa de Entradas el 10 de febrero de 2026.