Presentaron un proyecto de ley para establecer un nuevo Estatuto Orgánico de Protección Integral y Profesionalización del Personal Policial de la provincia. Se trata de una iniciativa particular impulsada por el ciudadano Lisandro Ariel Calvo que propone un marco normativo integral destinado a fortalecer institucionalmente a la fuerza policial mediante la profesionalización, estabilidad salarial y modernización estructural.
El proyecto plantea la creación de un sistema permanente de salud mental operativa, la modernización progresiva de la estructura policial y la incorporación de mecanismos objetivos para la evaluación de desempeño y el ascenso en la carrera. Además, establece parámetros previsibles para la actualización salarial y criterios de estabilidad institucional.
La implementación obligatoria de un sistema permanente de salud mental operativa, con equipos especializados y protocolos claros de intervención, contempla asistencia psicológica obligatoria posterior a intervenciones críticas, programas preventivos de contención y seguimiento profesional continuo.
Por otro lado, crea la Junta Provincial de Evaluación y Profesionalización Policial como órgano colegiado permanente, con autonomía técnica y funcional respecto de la cadena jerárquica. Este organismo tendrá a su cargo las evaluaciones periódicas de desempeño, el control de idoneidad profesional y la revisión obligatoria de sanciones expulsivas.
El texto regula el ingreso a la carrera exclusivamente por concurso público de antecedentes y oposición, con instancias de evaluación psicofísica y psicológica específica para funciones de seguridad, examen técnico y curso de formación obligatorio. Asimismo, fija un sistema de ascensos basado en mérito e idoneidad, prohibiendo promociones automáticas y estableciendo concursos internos obligatorios.
En materia disciplinaria, el proyecto define la clasificación de faltas en leves, graves y muy graves, determina plazos de prescripción y establece la doble instancia obligatoria y revisión externa en los casos de cesantía o exoneración. También crea la figura del Mediador Disciplinario Institucional como órgano técnico independiente para el análisis preliminar de denuncias previo a la apertura formal de sumario.
La propuesta incorpora un capítulo específico sobre estándares de intervención y garantías operativas, estableciendo principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad y evaluación dinámica del riesgo, así como la obligación de documentar las intervenciones conforme al sistema vigente.
En cuanto a condiciones laborales, fija una escala de licencia anual ordinaria según antigüedad y dispone la elaboración de cronogramas anuales de licencias por cada unidad operativa, garantizando previsibilidad y continuidad del servicio esencial. También crea un Fondo de Profesionalización y Modernización Policial, destinado a capacitación y formación continua, incorporación tecnológica, sistemas de registro operativo y equipamiento estratégico.
En los fundamentos, el autor señala que la iniciativa surge en el marco de la pérdida del poder adquisitivo del personal policial, el incremento sostenido de la demanda operativa y la exposición permanente a situaciones de alto estrés. Sostiene que la inversión en condiciones laborales adecuadas constituye una política preventiva “que reduce conflictos internos, mejora la disciplina institucional y fortalece la legitimidad social de la fuerza”.
“Esta propuesta no constituye una medida aislada ni coyuntural, sino una reforma estructural orientada a fortalecer la institucionalidad provincial, mejorar las condiciones de trabajo y consolidar estándares profesionales acordes a las demandas actuales”, afirma el auto.
El proyecto (18151) ingresó por Mesa de Entradas el 20 de febrero.