La Comisión de Hidrocarburos y Energía debatió hoy sobre el futuro de la Planta Industrial de Agua Pesada, cuya producción se encuentra paralizada desde el año 2017. Así lo hizo al tratar un proyecto de comunicación dirigido al gobierno nacional para que indique la viabilidad de poder reactivar la planta y consultar respecto al incumplimiento en el envío de fondos para su mantenimiento, suscripto en agosto de 2023 por la anterior gestión gubernamental.
La iniciativa continuará en debate la próxima semana y parte del cuerpo de legisladores tiene previsto visitar las instalaciones para conocer la situación edilicia y laboral que atraviesa la PIAP luego de cerca de nueve años fuera de funcionamiento.
El diputado Darío Martínez (UxP), autor del proyecto, informó que desde el gobierno nacional no se hace efectivo el envío de fondos ni para garantizar el pago de sueldos, ni el mantenimiento de la infraestructura edilicia que requiere la planta. Al respecto, recordó que durante el segundo semestre de 2023 se suscribió un convenio en el que Nación se comprometía al envío de estos recursos.
Martínez también recordó que el propio Ejecutivo nacional decidió importar agua pesada desde la India para abastecer a las centrales nucleares Atucha I y II, insumo que se podría comenzar a producir en la región y que demandaría un total de 350 toneladas de agua pesada para el funcionamiento de ambas instalaciones.
A su turno, Francisco Lepore (Avanzar) diferenció las responsabilidades que le caben a la provincia y al Ejecutivo nacional respecto de la planta. Dijo que pese a estar ubicada en Arroyito, las instalaciones le pertenecen a la CNEA y su funcionamiento operativo recae en la ENSI, empresa cuya mayoría le corresponde al gobierno nacional y una porción minoritaria al Estado provincial.
“No hay definiciones claras de parte del gobierno nacional”, sostuvo el legislador al recordar que existen una enorme cantidad de convenios incumplidos, entre ellos el pago de haberes del personal, responsabilidad que desde hace varios meses cubre la provincia con fondos propios.
En tanto, desde el MPN, Paola Cabezas, mostró preocupación por la falta de definiciones respecto al futuro de la planta y del personal que se desempeña en la misma. En ese sentido, pidió saber si existen planes de parte del gobierno nacional para reactivarla y si el estado actual de las instalaciones permite garantizar una futura reactivación sin riesgos para el personal y el medioambiente.
Recordó también que en anteriores gestiones se había planteado la posibilidad de poder producir amoníaco para fertilizantes, reconversión que demandaría una inversión cercana a los 300 millones de dólares.
Por su parte, Andrés Blanco (PTS-FIT-U) responsabilizó al gobierno nacional por la falta de inversión y de planificación que padece la PIAP, y pidió a las actuales autoridades provinciales pensar una salida productiva para los trabajadores de la planta. “Está paralizada hace 9 años y pasaron tres gestiones nacionales en el medio”, apuntó el legislador.