Ingresó a la Legislatura un proyecto para reformar el régimen vigente del servicio de policía adicional. La medida apunta, según sostiene su autor el ciudadano Alfredo Cury, a finalizar con el actual “sistema de privilegios informales” que concentra el acceso en grupos reducidos de personal policial a estructuras de conducción y excluye a un gran universo de agentes policiales.
A tal fin, la iniciativa crea el registro Único de Disponibilidad para Servicios Adicionales (RUDSA), sin distinción de jerarquía, antigüedad, género o destino. La inscripción será voluntaria, gratuita y permanente.
El articulado especifica detalles vinculados al sistema de asignación y control del Servicio, que será de carácter rotativo, digital y transparente. Así, cada agente podrá visualizar su posición en la solicitud del servicio, con ítems como lista de espera, servicios disponibles, historial de asignaciones y haberes pendientes. Los agentes estarán habilitados a portar su arma reglamentaria durante la prestación del servicio adicional.
Además, la propuesta prohíbe la intermediación privada para su contratación y determina el grado de prioridad de la prestación del servicio, que se iniciará con el sector público y luego con el privado. A fin de garantizar la pluralidad de solicitantes y evitar la monopolización de la demanda, ninguna empresa podrá contratar más del 15% de las horas del servicio adicional disponible en el mes.
En cuanto al régimen económico, la iniciativa contempla la determinación del valor monetario del servicio, que estará atravesado por distintos conceptos que compondrán el salario en cuestión. Ningún agente podrá acumular más de 20 horas semanales de servicio adicional dentro de un período mensual determinado, hasta tanto todos los inscriptos en el Sistema que hayan manifestado disponibilidad para ese período hayan recibido al menos una asignación.
En los fundamentos, Cury recuerda que a fines del ’60, y a través de una ley, se habilitó a la institución policial a brindar servicio extraordinario de vigilancia, seguridad y protección a personas u organizaciones que así lo requieran. Sin embargo, dicho régimen no se reglamentó de manera “transparente, democrática y auditada”, lo que llevó a una “distorsión estructural” en su aplicación práctica ya que el acceso al servicio se concentró en un grupo reducido de agentes, generalmente con rango.
Así, la propuesta tiene como objetivo –según explica Cury más adelante-, democratizar el acceso a los servicios en cuestión, garantizando que todo el personal pueda inscribirse en el registro y ser asignado a través de criterios objetivos y rotativos. Además, busca eliminar la intermediación privada y todo mecanismo que tergiverse su aplicación, así como también mejorar el ingreso económico de la mayor cantidad posible de familias policiales, entre otros aspectos.
El proyecto de ley (18222) ingresó por Mesa de Entradas el 31 de marzo.