Ingresó a la Legislatura un proyecto para crear el Registro digital integrado de profesionales de la salud de la provincia. La medida, impulsada por el particular Ariel Pérez Castillo, apunta a combatir el ejercicio ilegal de la medicina y jerarquizar la práctica profesional en todo el territorio provincial, a través de un mecanismo que permita verificar la autenticidad de los datos.
El registro tendrá como objetivo centralizar y actualizar la información de los profesionales sanitarios, así como también verificar la autenticidad de los títulos habilitantes y publicar la nómina de todos los matriculados que ejerzan la actividad en la provincia, tanto en el sector público como en el privado. Dicha publicación será de libre acceso para toda la población.
El articulado faculta, además, al Ministerio de Salud a cotejar los datos con otros organismos en la materia, tales como el Ministerio de Salud nacional y universidades, a fin de realizar cruzamientos automatizados de datos para constatar de forma fehaciente la autenticidad de los títulos y certificaciones presentados.
La medida contempla incluso la posible suspensión preventiva y automática de la matrícula, además de la inmediata radicación de la denuncia judicial, en caso de detectarse inconsistencias, adulteraciones o presunta falsedad en la documentación presentada.
La propuesta alcanza tanto a profesionales argentinos como a extranjeros, al establecer un proceso de verificación para títulos emitidos en el exterior. Para tales casos, se deberá adjuntar en la carga al registro la correspondiente resolución de Convalidación o Reválida vigente -emitida por el Ministerio de Educación de la Nación-, debidamente legalizada, procediéndose al cotejo directo con las autoridades nacionales emisoras.
Los fundamentos aseguran que, para cumplir con el mandato constitucional del derecho a la salud y la integridad física de la comunidad, el Estado debe proveer certeza sobre la idoneidad y los títulos habilitantes de los profesionales del sistema de Salud.
Por caso, Pérez Castillo retoma antecedentes de otras jurisdicciones en las que personas sin títulos habilitantes ejercieron prácticas de la medicina, incluso cirugías, que derivaron incluso en la muerte de pacientes. En ese marco, asegura que “un proceso judicial llega cuando el daño ya está hecho”, por lo que es de suma importancia –agrega más adelante- legislar en materia de prevención.
“La creación de un canal de verificación rápida, con cruce automatizado de datos y un listado público con acceso para los ciudadanos, es la forma más eficiente de devolver la seguridad a los pacientes y respaldar el honor de la enorme mayoría de los médicos que ejercen su profesión de manera legal y con absoluta vocación de servicio”, concluye su autor.
El proyecto de ley (18371) ingresó por Mesa de Entradas el 26 de mayo.