El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional en el territorio provincial por el término de cinco años, con opción de prórroga si no se cumplen los objetivos.
La iniciativa busca revertir el déficit de vivienda mediante un Plan de Emergencia que contempla la creación de un fondo específico, la urbanización de asentamientos y la construcción masiva de soluciones habitacionales.
El proyecto propone un Plan de Emergencia que se financiará con la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Habitacional. Entre sus ejes principales, la norma estipula la integración socio urbana de barrios populares y asentamientos precarios, la ejecución de planes para construir 100.000 viviendas y la aplicación de un impuesto especial a las viviendas ociosas.
En esta línea, la propuesta destaca que los recursos que demande el cumplimiento de la norma deberán incorporarse a las partidas del Presupuesto General de la Administración Provincial. Para esto, se creará un impuesto especial del 5% de la producción de hidrocarburos no convencionales en todo el territorio provincial.
Respecto a los beneficiarios, la ley establece que podrá acceder a una vivienda toda persona o grupo familiar inscrito en el Registro Único Provincial de Vivienda del IPVU-Adus, cuya inscripción se mantendrá abierta de forma permanente. El articulado otorga prioridad explícita a mujeres o personas trans (y sus grupos convivientes) que sufran o estén en riesgo de sufrir violencia de género, así como también a los grupos familiares que tengan entre sus miembros a personas con discapacidad.
En los fundamentos, Blanco advierte sobre un "repliegue estatal" que comenzó en la década de los 90 a tono con las políticas privatistas y que se profundizó a partir del año 2000 con la creación de la ADUS. El legislador detalló que hasta principios de los 90 el Estado había construido casi 40.000 casas mediante planes de obra pública para una población de 388.000 habitantes. En contraste, denunció que en los años siguientes la gestión oficial no superó el promedio anual de 1.000 viviendas construidas, una cifra que ni siquiera cubre el crecimiento demográfico actual, el cual demanda unas 3.000 casas nuevas por año.
En otro tramo señala que el "boom inmobiliario" en Neuquén se concentró en torres de departamentos de lujo destinadas a sectores de altos recursos, muchas de las cuales permanecen ociosas al no alcanzar los precios de venta o alquiler pretendidos. Según Blanco, esta presión especulativa disparó los valores de la tierra, dejando a los sectores medios y bajos de la clase trabajadora prácticamente excluidos de la posibilidad de acceder a un techo en la "ciudad formal".
En lo relacionado a calidad y eficiencia en la construcción, las nuevas unidades habitacionales se construirán adaptándose a las necesidades de cada grupo familiar. Se priorizarán estrictos criterios de calidad, durabilidad, funcionalidad y confort. Además, los diseños incorporarán pautas de sustentabilidad y eficiencia energética. Cada vivienda se entregará equipada con todos los servicios, mobiliarios y artefactos básicos de energía eléctrica, gas, cloacas y agua.
Por otra parte, el proyecto contempla un Banco de Tierras que se constituirá exclusivamente en zonas consolidadas que cuenten con infraestructura de servicios y acceso directo a medios de transporte. Además, para garantizar la seguridad ambiental, especialistas de la Universidad Nacional del Comahue realizarán estudios técnicos para evitar áreas con riesgo de inundación o peligro ambiental.
El proyecto de ley (18480) ingresó por Mesa de Entradas el 28 de julio.