La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) emitió despacho unánime a un proyecto de ley que plantea modificaciones en el mecanismo de elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). A la vez, el cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) habilitó –también por unanimidad- el pase al recinto del pliego de un candidato a defensor penal para la IV Circunscripción Judicial. Por otro lado, comenzó a tratar el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la ley provincial 263, que regula las condiciones y arrendamiento de tierras fiscales, e hizo lo propio con una iniciativa que propone valorar la residencia en Neuquén en los concursos del Consejo de la Magistratura.
El cambio en los criterios de designación de la presidencia del TSJ es un proyecto del diputado César Gass (JxC-UCR) y establece que los integrantes del máximo órgano judicial elegirán a su presidente o presidenta por simple mayoría, mediante una elección anual. Para ello, plantea modificar el artículo 36 de la ley orgánica del Poder Judicial –N° 1436- que determina que la presidencia se ejerce durante un año y de manera alternada entre todos sus integrantes y su designación se efectuará por unanimidad, con criterios de antigüedad, edad o sorteo.
Gass remarcó que el nuevo mecanismo deja la definición de las autoridades en el ámbito del propio TSJ, modificación que –advirtió- aporta mayor homogeneidad y transparencia. También explicó que las distintas reglamentaciones aplicadas a lo largo del tiempo no lograron resolver las dificultades vinculadas con la sucesión en la presidencia, entre ellas las prórrogas y la decisión de algunos integrantes de no asumir el cargo cuando les correspondía. En ese sentido, sostuvo que al ser cinco miembros, “siempre va a haber una mayoría”, y resaltó que el nuevo sistema evita la intervención de otros poderes del Estado, así como así como eventuales vacancias, al prever el reemplazo inmediato de la autoridad.
Durante el debate, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) expuso observaciones sobre la compatibilidad de la propuesta con el artículo 239 de la Constitución provincial, que establece que la presidencia del TSJ “se turnará anualmente”. En ese sentido, planteó mantener esa referencia en el nuevo texto para garantizar la alternancia.
Desde Avanzar, Francisco Lepore consideró que corresponde que el propio Tribunal determine su gobierno interno sin condicionamientos establecidos por otro poder del Estado. Señaló que el TSJ es un órgano colegiado y que sus integrantes deben poder elegir a sus autoridades por mayoría, sin que la ley les imponga una rotación que eventualmente obligue a ejercer la presidencia a quien no tenga voluntad de hacerlo.
Por su parte, Novoa consideró que la elección de las autoridades forma parte de la autonomía del Poder Judicial.
En su intervención, el diputado Damián Canuto (PRO-NCN) se refirió al alcance del “turno” anual previsto en la Constitución para el ejercicio de la presidencia y consideró que no necesariamente implica una rotación obligatoria entre todos los integrantes del TSJ. Sostuvo que la alternancia puede garantizarse mediante la elección anual de la presidencia por parte de los propios vocales. “La única manera de garantizar la alternancia es que sea un sistema que garantice la elección democrática”, dijo.
En tanto, Darío Martínez (UxP) consideró que la obligatoriedad de la elección anual puede garantizar el turno que establece la Constitución y, al mismo tiempo, simplificar el mecanismo actual para evitar dificultades cuando algún integrante no quiere asumir la conducción del Tribunal.
Pasa al recinto pliego de defensor penal de la IV Circunscripción Judicial
Durante la reunión, el cuerpo avaló el pase al recinto del pliego de Gabriel Siciliano para el cargo de defensor público penal de la IV Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Junín de los Andes. Durante la entrevista, el postulante repasó su trayectoria profesional y explicó que desde 2024 se desempeña como asesor jurídico de la Defensoría en la que concursó para ocupar el cargo.
Señaló que gran parte de su trabajo está vinculado con las investigaciones por microtráfico de drogas y destacó que el cargo al que aspira implica una mayor responsabilidad, aunque comprende tareas que realiza en la actualidad.
Al ser consultado sobre la decisión de Neuquén de asumir la competencia sobre determinados delitos vinculados al narcotráfico, consideró que la medida responde a la necesidad de una intervención más rápida del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. Desde su experiencia previa en la Justicia federal, mencionó las dificultades que generaban las grandes distancias y la falta de presencia de fuerzas federales en algunas localidades y calificó la decisión provincial como “acertada”, al tiempo que remarcó la importancia de coordinar el trabajo entre la Justicia provincial, la federal y las distintas agencias de seguridad.
Modificación de la ley de tierras fiscales
Al inici o de la reunión, el cuerpo comenzó a analizar el proyecto del Ejecutivo que modifica la ley 263 de Tierras Fiscales para reforzar su función social y orientar la adjudicación y el arrendamiento hacia proyectos productivos que promuevan el arraigo, el empleo y el desarrollo sostenible. La iniciativa establece, además, que las tierras fiscales sólo podrán adjudicarse en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas. El proyecto se mantendrá en comisión para su análisis.
El diputado Novoa explicó que la propuesta implica “un cambio de paradigma” respecto de la normativa actual –vigente desde 1971-, al reforzar la potestad de la provincia sobre sus recursos y establecer nuevos criterios para la adjudicación y el arrendamiento. Señaló que la propuesta se sustenta en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, vinculados con las facultades reservadas a las provincias y el dominio originario de sus recursos naturales, y contextualizó su presentación en la discusión que se produjo a nivel nacional en torno al régimen de tierras.
Agregó que el objetivo es la protección del campesinado y la reactivación de las tierras fiscales mediante actividades ganaderas, agrícolas, forestales, turísticas, industriales o de agregado de valor, junto con la protección de los recursos naturales provinciales.
Por Avanzar, Lepore explicó que la provincia tiene facultades para establecer las condiciones de disposición de sus tierras fiscales, pero sostuvo que su competencia sobre las tierras privadas se encuentra por la legislación nacional. En ese sentido, señaló que la decisión de circunscribir la reforma a las tierras fiscales responde a esos límites constitucionales. Además, vinculó la iniciativa con la discusión nacional sobre la extranjerización de tierras y consideró que su presentación constituyó “un claro gesto político” del gobernador en ese contexto.
A su turno, Canuto expresó su apoyo al espíritu de la reforma vinculado a la función social de la tierra fiscal y su utilización como herramienta de trabajo, aunque planteó reservas sobre algunos criterios incluidos en la propuesta. Cuestionó que se excluya a una persona únicamente por su condición de extranjera y advirtió sobre la dificultad de definir quiénes son los “auténticos trabajadores del campo”. En ese sentido, sostuvo que debería priorizarse la existencia de un proyecto productivo y defendió la participación de personas jurídicas como las cooperativas, al señalar que el problema no radica en esa figura sino en evitar esquemas de concentración de tierras y su utilización como un bien de renta.
Desde UxP, Martínez planteó que la modificación debería contemplar mecanismos para evitar la extranjerización de la tierra más allá de los inmuebles fiscales. Sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo resulta limitada en ese aspecto y anticipó la intención de incorporar propuestas para ampliar su alcance.
Por Cumplir, la diputada Brenda Buchiniz se pronunció a favor de realizar una revisión más integral de la ley 263. “Tenemos que ir un poco más hondo y hacer otros cambios que son necesarios”, manifestó tras mencionar una iniciativa de su autoría para crear un registro que permita conocer las tierras fiscales, inmuebles propios y arrendados que dispone la provincia. También anticipó que solicitará la participación de distintos sectores vinculados con la temática para que puedan aportar al debate.
El diputado César Parra (PTS-FIT-U) cuestionó que el proyecto sea suficiente para impedir la extranjerización y puso el foco en la necesidad de conocer la cantidad y distribución de las tierras fiscales. También planteó establecer límites a su concentración y revisar el concepto de persona jurídica.
Puntaje por residencia para cargos judiciales
En otro orden, la comisión comenzó a analizar otro proyecto del diputado Gass que propone modificar la ley 2533 para incorporar la residencia en Neuquén entre los antecedentes evaluados en los concursos del Consejo de la Magistratura.
La iniciativa original prevé otorgar hasta dos puntos adicionales a quienes acrediten al menos dos años de residencia en la provincia. Durante el debate hubo acuerdo sobre la conveniencia de valorar el arraigo, aunque surgieron diferencias respecto de la incidencia que debería tener ese antecedente frente a la formación y la capacidad profesional.
En ese sentido, el diputado Claudio Domínguez (MPN) coincidió en valorar a quienes acrediten residencia en Neuquén, aunque consideró excesivos los dos puntos previstos en la iniciativa y propuso reducir el máximo a uno. “El neuquino y la neuquina tienen que tener un plus, pero no que sea determinante”, afirmó.
La iniciativa permanecerá en comisión.
Neuquén, 18 de agosto de 2026.