El diputado César Parra (PTS-FIT-U) presentó un proyecto para establecer por ley zonas de exclusión en la industria petrolera, con el fin de proteger el Área Natural Protegida Auca Mahuida y las cuencas de los embalses Mari Menuco y Los Barreales.
La medida implica la prohibición del uso de técnicas de fracturación hidráulica (fracking) o cualquier otro método de estimulación hidráulica o química que implique la inyección de fluidos a alta presión en el subsuelo. Asimismo, prohíbe toda actividad de exploración y explotación en una franja de protección de 4.000 metros medidos desde la línea de máxima creciente de los embalses Mari Menuco y Los Barreales, así como en toda la superficie que ocupen sus espejos de agua.
El articulado contempla además un régimen sancionatorio por incumplimiento, el que prevé multas diarias de 100 mil dólares, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan. El producido de dichas multas económicas ingresará a las arcas de la provincia con afectación específica al fondo de remediación ambiental.
A la vez, determina un procedimiento de intervención estatal ante la constatación de actividades en infracción, la autoridad de aplicación – a cargo de la Secretaria de Estado de Ambiente- ordenará el cese inmediato de las operaciones y procederá a la clausura preventiva de las instalaciones, garantizando la seguridad del área y la mitigación de cualquier riesgo inminente bajo apercibimiento de las acciones legales pertinentes contra los responsables del proyecto.
Los fundamentos aseguran que cualquier acceso al recurso natural del subsuelo parte de reconocer que ese acceso es a una zona de dominio estatal y por lo tanto corresponde al Estado determinar el resguardo que la actividad de acceso al recurso natural del subsuelo no altere negativamente o coloque en un riesgo de daño mayor al propio subsuelo, así como todo el ambiente superficiario.
Más adelante, se refiere al nivel de sismicidad de los últimos años ocurridos en zonas de fractura. Indica que desde el año 2018 a la actualidad, se produjeron 506 sismos inducidos, a un promedio de 63,5 por año, es decir, más de uno por semana. Con igual criterio, alude a los grados de contaminación que la actividad acarrea para los cursos de agua cercanos.
“La naturaleza ha realizado y está realizando todas las advertencias que en función del lucro capitalista se pretende ignorar. De nada valdrán luego los lamentos”, advierte el legislador.
El proyecto de ley (18736) ingresó por Mesa de Entradas el 19 de octubre.