La diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir), presentó dos iniciativas destinadas a implementar el control estricto de las comunicaciones móviles en las cárceles de Neuquén. El objetivo central de las propuestas es la detección y el posterior bloqueo de los códigos de identificación IMEI (Identidad Internacional del Equipo Móvil, identifica el aparato físico) e IMSI (Identidad Internacional de Abonado Móvil, identifica la tarjeta SIM) dentro de las unidades de detención.
Por esto, la legisladora ingresó un proyecto de ley para que la provincia se adhiera a la normativa federal vigente en la materia, junto con un proyecto de resolución para evaluar la factibilidad técnica y económica de la medida.
La propuesta de resolución, tiene por objeto conocer si la provincia se evalúa la incorporación a dicho Programa, el cual fue creado por la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. Mediante este requerimiento, la legisladora solicita información precisa al Poder Ejecutivo provincial sobre posibles gestiones ante la cartera nacional. Además, el documento exige un reporte detallado sobre los protocolos actuales y los sistemas de seguridad activos en los penales neuquinos para evitar el acceso ilícito a la telefonía celular.
En los fundamentos del proyecto de ley, Buchiniz advierte que el uso clandestino de teléfonos celulares en contextos de encierro facilita estafas, extorsiones y la coordinación de delitos con el exterior. La diputada argumenta que las requisas físicas tradicionales resultan insuficientes ante dispositivos tecnológicos cada vez más pequeños y fáciles de ocultar. Por esta razón, el texto promueve el uso de herramientas tecnológicas que identifiquen los equipos y las tarjetas SIM activos para tramitar su baja inmediata ante las empresas prestadoras del servicio.
Según la legisladora, la iniciativa respeta las competencias federales en telecomunicaciones y resguarda los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Bajo este esquema, la provincia mantiene el control operativo de sus cárceles, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación canaliza las solicitudes de baja técnica ante las prestatarias de red. Asimismo, el articulado prohíbe de forma expresa la interceptación de contenidos sin orden judicial y garantiza las comunicaciones legales de la población penal a través de los canales oficiales autorizados.
La implementación del programa se rige bajo un estricto criterio de austeridad para evitar gastos excesivos o la creación de nuevas estructuras burocráticas estatales. El sistema de detección operará de manera exclusiva dentro de los perímetros carcelarios, una previsión que evita interferencias accidentales en las comunicaciones de los vecinos linderos.
Los proyectos de ley y de resolución 18776 y 18777, respectivamente, ingresaron por Mesa de Entradas el 2 de noviembre de 2026.